Andorra amplía el derecho de tanteo y retracto de las administraciones
El Parlamento ha remarcado la necesidad de implementar planes de gestión claros
El Gobierno y los comunes podrán ejercer el derecho de tanteo y retracto como nuevo instrumento de la futura Ley de crecimiento sostenible, según ha anunciado el presidente de la comisión de estudio, Jordi Casadevall, durante la presentación del dictamen final.
Esta medida permitirá a la administración pública intervenir de forma selectiva en la compra de suelo e inmuebles, con el objetivo de preservar el interés general y garantizar un desarrollo urbanístico equilibrado y sostenible.
Un instrumento limitado, parametrizado y bajo control judicial
Casadevall ha subrayado que el ejercicio de estos derechos debe quedar muy bien delimitado y parametrizado, evitando un uso arbitrario. En este sentido, ha destacado la necesidad de someter el tanteo y retracto a controles previos y, si procede, a controles posteriores por parte de órganos jurisdiccionales.
El objetivo, ha señalado, es garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en aquellas operaciones inmobiliarias en las que pueda intervenir la administración pública.
La gestión de los vertederos de tierras, otro eje clave del crecimiento sostenible
Más allá del derecho de tanteo y retracto, el dictamen final aborda otras cuestiones relevantes vinculadas al crecimiento urbanístico sostenible, como la gestión de los vertederos de tierras, un asunto que ha generado debate en diversas parroquias.
Casadevall ha explicado que existen dos posibles líneas de actuación: “O bien buscamos vertederos de tierra en todas las parroquias, o bien intentamos, mediante medidas urbanísticas, reducir la generación de tierras.”
Esta reflexión tiene como finalidad minimizar el impacto ambiental y mejorar la integración de las nuevas construcciones en el entorno natural y urbano.
Planificación urbanística y gestión eficiente del territorio
El presidente de la comisión también ha remarcado la necesidad de implementar planes de gestión claros, junto con medidas preventivas y regulaciones urbanísticas que contribuyan a una administración más eficiente de los recursos y del territorio.
Con estas herramientas, el Gobierno y los comunes podrán actuar de forma estratégica y coordinada, tanto para proteger zonas de alto valor ambiental como para facilitar proyectos urbanísticos que aporten beneficios a la comunidad.
El dictamen final, base del futuro debate parlamentario
El dictamen final servirá como hoja de ruta para el debate parlamentario, estableciendo las bases de una ley orientada a un crecimiento urbanístico sostenible, armonioso y respetuoso con el interés colectivo.
La futura normativa pretende dotar a la administración de mecanismos planificados de intervención en el mercado inmobiliario y en la gestión del suelo, reforzando así el equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y cohesión social.