La Ley Ómnibus acumula 105 expedientes por situación familiar irregular y 65 permisos anulados

El Servicio de Inmigración ha abierto 105 expedientes de anulación de autorizaciones por situación familiar irregular desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, en marzo de 2025. 

De estos procedimientos, 65 han conducido a la anulación de la autorización, según los datos facilitados por el Govern a La Veu Lliure.

El balance sitúa las anulaciones en cerca del 62% de los expedientes iniciados durante este periodo. Las cifras permiten dimensionar el alcance de las actuaciones del servicio en este ámbito, aunque una parte de las decisiones han sido impugnadas y hay procedimientos que todavía no cuentan con una resolución judicial definitiva.

En cuanto a los 40 expedientes restantes, la información facilitada no concreta en qué estado se encuentran ni cuál ha sido su desenlace. Por tanto, no se puede determinar cuántos continúan en tramitación o cuántos se han cerrado sin anular la autorización.

Seis de cada diez afectados han recurrido la anulación

De las 65 personas a las que se les anuló la autorización, 39 presentaron un recurso contra la decisión, una proporción equivalente al 60% de los afectados. Sin embargo, la mayoría de estas impugnaciones no han prosperado.

En concreto, 34 recursos han sido desestimados, mientras que en dos casos los interesados han desistido del procedimiento. Los tres recursos restantes han sido estimados, lo que ha permitido a las personas afectadas regularizar su situación.

Así, las desestimaciones representan cerca del 87% de los 39 recursos presentados. Los tres casos favorables a los recurrentes suponen aproximadamente el 7,7%, mientras que el resto corresponde a los dos desistimientos.

El balance recoge, por tanto, tanto decisiones de anulación que se han mantenido después del recurso como casos en los que la impugnación ha tenido un resultado favorable para los afectados.

Doce personas han llevado el caso a la jurisdicción administrativa

La controversia sobre algunas de estas anulaciones también ha llegado a los tribunales. Según precisa el Govern, doce personas han interpuesto recurso ante la jurisdicción administrativa y todavía no tienen una resolución definitiva.

Estos procedimientos mantienen abierta la discusión judicial sobre las decisiones impugnadas. Su resultado será necesario para completar el balance de los casos que han llegado a esta vía.

La información facilitada tampoco detalla las circunstancias particulares de cada expediente ni el número de miembros de las familias afectadas. 

Las cifras corresponden a expedientes, autorizaciones anuladas y personas que han recurrido, y no ofrecen un recuento del conjunto de familiares que pueden haberse visto afectados por estas decisiones.

Las anulaciones no equivalen a un balance de expulsiones ejecutadas

Las 65 anulaciones iniciales y los tres recursos estimados dejan 62 casos en los que no consta una estimación favorable dentro del balance de recursos comunicado. Sin embargo, esta diferencia no permite concluir que se hayan ejecutado 62 expulsiones de familias del Principado.

Los datos aportados no especifican cuántas personas han abandonado efectivamente el país ni recogen un número de expulsiones ejecutadas. 

En resumen, los doce recursos pendientes ante la jurisdicción administrativa hacen que una parte de los casos todavía no pueda darse por cerrada de forma definitiva.