Andorra Endavant lleva al TC la opacidad de los créditos de la COVID-19
El grupo parlamentario reclama el derecho de la ciudadanía a conocer las empresas beneficiarias
Andorra Endavant ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional la opacidad del Gobierno en la gestión de los créditos blandos COVID-19, tras la negativa del Ejecutivo a hacer pública la lista de empresas beneficiarias, indicando los importes concedidos y las condiciones avaladas.
Según Andorra Endavant, se trata de dinero público, y por tanto, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se han utilizado estos recursos. La negativa del Gobierno a facilitar esta información restringe el acceso de la ciudadanía a datos esenciales sobre la gestión de recursos públicos, según denuncia el grupo parlamentario.
Créditos de la COVID-19: un asunto público
Los conocidos como "créditos blandos" de la COVID-19 no son un asunto privado entre el Gobierno y las empresas. Son avales públicos que pueden tener un impacto directo en las finanzas públicas presentes y futuras.
Andorra Endavant sostiene que mantener esta información en secreto contraviene el principio de transparencia democrática y el derecho de los ciudadanos a controlar la gestión de sus fondos.
Impugnación y solicitud de amparo constitucional
De acuerdo con el artículo 95 de la Ley cualificada del Tribunal Constitucional, el grupo parlamentario presentará, dentro del plazo legal de quince días, un escrito de impugnación y una solicitud de amparo constitucional.
El objetivo es que el Tribunal determine si es legítimo mantener en secreto las empresas beneficiarias, los importes y las condiciones de los créditos blandos COVID-19, y restablezca el derecho vulnerado de la ciudadanía a la información.
“Lo que está en juego no es una cuestión política, sino un principio democrático básico: la transparencia en la gestión del dinero de todos. El dinero público no es del Gobierno, es de la ciudadanía”, defiende el Grupo Parlamentario de Andorra Endavant.
Con esta acción, Andorra Endavant reafirma su compromiso con una Andorra transparente, responsable y sometida al control democrático, donde la ciudadanía pueda conocer cómo se gestionan los recursos públicos que avalan la acción del Gobierno.
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