El gasto en protección social crece un 16,5% mientras una de cada cinco personas vive en vulnerabilidad en Andorra

Segués alerta de que muchos ayudas sociales temporales acaban prorrogándose año tras año

ANA
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por el autor La Veu Lliure
4 minutos de lectura
Publicado el Viernes, 10 Abril 2026 - 09:23

 La presidenta suplente del grupo parlamentario de Concòrdia, Núria Segués, ha reclamado este jueves en el Consell General una mayor concreción sobre el despliegue del proyecto Radars y sobre la capacidad real del sistema de Asuntos Sociales para realizar un seguimiento continuado de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Segués ha advertido que, por ahora, la base de datos más actualizada solo cubre Andorra la Vella y Sant Julià de Lòria. 

Ha preguntado cuándo prevé el ministerio incorporar al resto de parroquias para lograr una cobertura nacional efectiva. “Si queremos dar respuesta a esta situación, debemos hacerlo en las siete parroquias”, ha remarcado.

La ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, ha explicado que el proyecto se pone en marcha este mes de abril, comenzando por Andorra la Vella y Sant Julià, mientras se ultiman convenios con Encamp y Canillo

Según Marín, “supongo que en seis meses tendremos todos los datos”, con el objetivo de cerrar progresivamente acuerdos con el resto de comunes.

Antecedentes y recursos del proyecto Radars

La ministra ha recordado que la base de datos no parte de cero, ya que se trabaja desde la época de la Covid. El proyecto, firmado a finales de 2025 con el Ayuntamiento de Barcelona, incluye voluntarios formados específicamente para contactar con personas mayores que viven solas. 

También destaca la implicación del tejido comercial, del Colegio de Médicos y la colaboración de Andorra Telecom, que ha facilitado un número gratuito para las llamadas.

En cuanto a los recursos humanos, Radars arranca inicialmente con cinco voluntarios, aunque el ministerio no descarta ampliar el número según las necesidades. 

Actualmente, el ratio asistencial es de un trabajador social por cada 5.000 habitantes y de un educador social por cada 8.500 habitantes, niveles que Marín considera suficientes. Otros organismos, como la Fundació Privada Tutelar, también refuerzan sus equipos con nuevas incorporaciones.

Debate sobre la cronificación de las ayudas sociales

Más allá del proyecto Radars, Segués ha alertado que muchas ayudas sociales temporales terminan prorrogándose año tras año. “El modelo asistencialista da una respuesta puntual, pero no garantiza que la persona pueda emanciparse por sí misma”, ha afirmado. Ha subrayado que la emancipación no es solo económica, sino también laboral.

El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha defendido el sistema social, afirmando que las ayudas ocasionales muestran una tendencia decreciente si se analizan anualmente. Ha explicado que la filosofía de la Ley de servicios sociales busca evitar la cronificación: “Estas ayudas son una palanca, un trampolín para que puedan valerse por sí mismas”

No obstante, ha reconocido que no siempre es posible revertir situaciones vinculadas a la salud mental, las adicciones o la precariedad severa.

La ministra Helena Mas ha defendido que los protocolos actuales se enmarcan en un modelo integral de intervención social, basado en el trabajo en red y la corresponsabilidad institucional y comunitaria, articulando recursos sociales, sanitarios, educativos y comunitarios, con el apoyo de entidades como Cáritas, Cruz Roja, el Hospital y los bomberos

Mas ha destacado que el modelo Radars se fundamenta en dos pilares: social y sanitario, con detección precoz por parte de los servicios sociales de los comunes y equipos de atención comunitaria, y dispositivos especializados para abordar riesgos vinculados a la salud física, mental y las adicciones.

Pese a reconocer los protocolos existentes, Segués insiste en que el debate no gira tanto en torno a la detección, sino a los resultados reales del seguimiento. Ha señalado que el gasto en protección social creció un 16,5% en 2024, hasta los 343 millones de euros, mientras que la tasa de riesgo de pobreza pasó del 13% al 16%, situando a una de cada cinco personas en situación de vulnerabilidad. 

Para Segués, estas cifras evidencian “un problema de modelo” más que de recursos. Ha denunciado la falta de medios humanos y técnicos para un acompañamiento continuado y la ausencia de una estructura comunitaria sólida: “El sistema acompaña temporalmente, pero no emancipa”.

 

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