Andorra prohíbe a los no residentes usar viviendas para alojar actividades económicas
El nuevo proyecto de ley también incorpora ajustes en los mecanismos de control de los contratos de alquiler
La comisión legislativa de Economía ha cerrado este jueves el trabajo sobre el proyecto de ley que regula el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento de vivienda para residencia habitual y permanente para el periodo 2027-2030.
El texto introduce un cambio relevante en el uso de los inmuebles: los no residentes ya no podrán destinar viviendas residenciales a actividades económicas, una medida que busca frenar el uso de pisos como empresas pantalla.
A partir de ahora, este tipo de actividades deberán desarrollarse exclusivamente en locales comerciales, espacios de coworking u otros inmuebles específicamente habilitados para uso empresarial, con el objetivo de proteger el parque de vivienda y evitar la presión sobre el mercado residencial.
Un nuevo marco para el control del alquiler
El proyecto de ley también incorpora ajustes en los mecanismos de control de los contratos de alquiler. En los casos en los que un propietario quiera finalizar un arrendamiento para destinar la vivienda a familiares de hasta segundo grado.
Concretamente, se mantienen los controles a posteriori y se refuerza el régimen sancionador, aunque se ha rechazado la propuesta de establecer un doble control administrativo previo y posterior.
El texto será ahora debatido en el pleno del Consell General. Desde el grupo demócrata defienden que se trata de una norma equilibrada y progresiva, que prevé una desintervención gradual del mercado del alquiler hasta 2030, con el objetivo de aportar estabilidad a los inquilinos y evitar subidas bruscas de precios.
