Andorra reforma el sistema de abogados de oficio y actualiza honorarios con revisión anual por el IPC
El Govern adapta el sistema de turnos de oficio y actualiza los honorarios para garantizar una justicia gratuita más eficiente
El Consell de Ministres ha aprobado una nueva modificación del Reglamento del derecho a la defensa y la asistencia técnica letrada en el Principado de Andorra.
La reforma introduce cambios relevantes destinados a mejorar la operativa del sistema de justicia gratuita y a adaptarlo a las necesidades detectadas en la práctica jurídica.
El texto, impulsado por el Govern de Andorra, tiene como objetivo reforzar la eficiencia en la gestión de los turnos de oficio, así como mejorar la coordinación institucional en la designación de abogados.
En este sentido, se revisa el procedimiento de asignación de letrados con el fin de optimizar los recursos disponibles y agilizar la respuesta del sistema judicial.
Otro de los puntos destacados de la reforma afecta a la valoración de la capacidad económica de los solicitantes. El reglamento introduce criterios más precisos para determinar el patrimonio de aquellas personas o entidades que hayan sido declaradas en situación de insolvencia o quiebra, con el objetivo de garantizar una evaluación más homogénea y ajustada a la realidad.
El Ejecutivo también ha actualizado los importes correspondientes a los honorarios de los abogados que prestan servicio en los turnos de guardia y de oficio.
Esta actualización busca adecuar la remuneración a la complejidad y responsabilidad del trabajo desempeñado, teniendo en cuenta la evolución de los costes. Además, se establece un mecanismo de revisión anual de estos importes en función del índice de precios de consumo (IPC), que entrará en vigor a partir de 2027.
Un marco legal en evolución para reforzar la justicia gratuita
El derecho a la defensa y a la asistencia letrada gratuita se considera una garantía fundamental dentro del sistema judicial andorrano, enmarcada en el derecho a la tutela judicial efectiva.
El reglamento original fue aprobado en 2014 y ha sido objeto de diversas modificaciones para adaptarse a la evolución del sistema jurídico.
La última actualización previa a esta reforma se había aprobado en marzo de 2025, lo que refleja un proceso continuo de revisión normativa para mantener la adecuación del sistema de justicia gratuita a las necesidades actuales.
