¿Qué obligaciones hay que cumplir para instalar cámaras de videovigilancia en Andorra?
Se advierte de que captar imágenes de personas identificadas o identificables constituye un tratamiento de datos personales
La Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA) ha publicado una nota informativa para recordar las principales obligaciones legales que deben cumplir las personas y entidades, tanto públicas como privadas, que instalen sistemas de videovigilancia en Andorra.
El organismo advierte de que la captación de imágenes de personas identificadas o identificables constituye un tratamiento de datos personales y está sometida a la normativa de protección de datos y a la regulación específica en materia de seguridad pública.
Antes de poner en funcionamiento un sistema de cámaras, el responsable debe determinar claramente cuál es la finalidad de la videovigilancia, justificar su necesidad, establecer la base jurídica que legitima el tratamiento y delimitar las zonas que pueden ser grabadas.
También debe definir quién puede acceder a las imágenes, durante cuánto tiempo se conservarán y qué medidas de seguridad se aplicarán.
Las cámaras deben ser necesarias y proporcionales
La APDA recuerda que la videovigilancia debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad e intervención mínima.
Esto implica que las cámaras solo deben instalarse cuando no existan alternativas menos intrusivas y que tanto el número de dispositivos como su campo de visión deben limitarse a lo estrictamente imprescindible.
Las cámaras no pueden captar viviendas ni espacios privados de terceros y tampoco pueden instalarse en lavabos, vestuarios o zonas de descanso.
En el caso de los sistemas privados, la grabación de la vía pública solo está permitida en casos excepcionales, debidamente justificados y autorizados.
Cuándo es necesaria una autorización para instalar cámaras
En cuanto a los trámites, los sistemas que capten imágenes o sonidos de la vía pública, espacios públicos o zonas abiertas al público necesitan una autorización previa del ministerio competente en materia de Interior.
En cambio, cuando las cámaras solo graban espacios privados, es suficiente con realizar una comunicación previa.
Cualquier cambio relevante en el sistema, como una ampliación del campo de visión o la incorporación de la grabación de audio, también puede obligar a comunicar la modificación o a obtener una nueva autorización.
Las grabaciones deben eliminarse en un máximo de un mes
Las personas deben ser informadas antes de entrar en una zona videovigilada mediante un cartel visible que indique, entre otros elementos, la existencia del sistema, el responsable del tratamiento, la finalidad de la captación de imágenes, la base jurídica y la forma de ejercer los derechos.
La APDA también pone el foco en la captación de sonido. El enregistrement de audio debe estar desactivado por defecto y solo puede activarse cuando sea estrictamente indispensable, proporcionado y no exista una alternativa menos intrusiva.
Además, queda prohibido grabar conversaciones privadas fuera de los supuestos previstos legalmente.
Las imágenes deben suprimirse en un plazo máximo de un mes, salvo cuando estén relacionadas con una investigación policial, un procedimiento judicial o administrativo, o con la posible comisión de un delito o una infracción administrativa en materia de orden público.
En estos casos, las grabaciones necesarias deben conservarse por separado y con el acceso restringido.
El acceso a las imágenes debe limitarse a personas autorizadas
El organismo también exige que el acceso a las imágenes quede limitado a las personas autorizadas y que exista un protocolo interno que regule su consulta.
Las grabaciones no pueden difundirse ni compartirse con terceros fuera de los casos previstos legalmente.
Entre las obligaciones de los responsables se incluye también la incorporación del tratamiento al registro de actividades, la elaboración de un análisis de riesgos y, cuando exista un riesgo elevado para los derechos de las personas, la realización de una evaluación de impacto antes de poner en funcionamiento el sistema.
La APDA ha anunciado que durante el mes de septiembre impulsará una campaña de sensibilización en las redes sociales y publicará una infografía específica sobre videovigilancia.