Archivan la denuncia del Partido Pirata sobre videovigilancia con IA y cámaras corporales en Encamp y la Massana

El activista y denunciante Josep Guirao ha hecho público un duro comunicado en el que expresa su “absoluta disconformidad” con la decisión de la Agència de Protecció de Dades d’Andorra de archivar dos actuaciones previas relacionadas con sistemas de videovigilancia y uso de inteligencia artificial en dos comunes andorranos.

Los expedientes afectados son el AP26012, relativo al Comú d’Encamp y su sistema de videovigilancia con IA, y el AP26014, vinculado al Comú de la Massana y la implantación de cámaras corporales para agentes de circulación.

Según el comunicado, la APDA habría decidido archivar ambas actuaciones al considerar que los sistemas denunciados no estaban aún plenamente operativos, lo que, a juicio del denunciante, impediría acreditar un daño efectivo.

Sin embargo, Guirao rechaza frontalmente este criterio y sostiene que la actuación del organismo de protección de datos es “jurídicamente insuficiente” y “profundamente lesiva” para la tutela preventiva de los derechos fundamentales.

Críticas al enfoque de la autoridad de control

En su escrito, el denunciante acusa a la APDA de aplicar un enfoque excesivamente formalista que, según afirma, obliga a la ciudadanía a demostrar un perjuicio ya consumado, en lugar de actuar de forma preventiva ante riesgos derivados de tecnologías de vigilancia.

Guirao sostiene que la función de la autoridad de protección de datos debería centrarse en evitar posibles vulneraciones antes de que se produzcan, especialmente en ámbitos sensibles como la videovigilancia con analítica inteligente o el uso de dispositivos corporales en el espacio público.

También critica que no se hayan exigido, a su juicio, suficientes garantías técnicas y jurídicas previas, como evaluaciones de impacto, documentación contractual o límites claros sobre el uso de inteligencia artificial aplicada a imágenes.

Advertencia sobre derechos fundamentales

El comunicado advierte de que este tipo de decisiones podría establecer una “doctrina de pasividad institucional”, en la que los sistemas de vigilancia puedan avanzar en su despliegue sin un control efectivo previo.

Guirao afirma que la protección de datos no debe limitarse a actuar una vez producido el daño, sino que debe operar como un mecanismo de prevención real frente a posibles intromisiones en los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Posibles acciones futuras

Finalmente, el denunciante anuncia que se reserva la posibilidad de emprender acciones administrativas, judiciales e institucionales para impugnar los archivos y exigir una revisión más exhaustiva de los sistemas de videovigilancia e inteligencia artificial objeto de las denuncias.

También reclama mayor transparencia y controles reforzados antes de la activación de cualquier tecnología de vigilancia en el espacio público.

Por el momento, la APDA no ha emitido una respuesta pública adicional al comunicado difundido.