Aumentan los temporeros sin recursos que recurren a ayudas sociales
El Govern d'Andorra detecta más casos de personas recién llegadas que no encuentran trabajo y acaban sin alojamiento ni ingresos
El departamento de Asuntos Sociales ha alertado de un incremento de temporeros que, tras llegar a Andorra en busca de empleo, no consiguen trabajo y acaban dependiendo de ayudas sociales ante la falta de recursos y de alojamiento.
Según ha explicado el director del departamento, Joan Carles Villaverde, se trata principalmente de personas que llegan al país durante la temporada de invierno y que, al no lograr incorporarse al mercado laboral, quedan en una situación de vulnerabilidad. En muchos casos, además, no cuentan con residencia legal efectiva, lo que limita aún más sus opciones.
Atención inmediata y ayudas de urgencia
Para hacer frente a estas situaciones, el Ejecutivo activa el servicio de atención inmediata, que contempla diferentes respuestas según cada caso.
Entre ellas, destacan las opciones de repatriación o la concesión de ayudas económicas de emergencia, con una duración máxima de quince días, siempre que exista la posibilidad de regularizar la situación de la persona.
Durante el año 2025, el departamento ha registrado 35 expedientes individuales y un total de 41 usuarios en este servicio, cifras que reflejan una problemática creciente, aunque todavía contenida.
Más presión sobre los servicios sociales
Este fenómeno coincide con el aviso de entidades como la Cruz Roja, que han detectado un aumento de personas que no pueden cubrir necesidades básicas como la alimentación o el acceso a la vivienda. La ministra de Asuntos Sociales ha reconocido este incremento, aunque ha evitado concretar su alcance por falta de datos comparativos completos.
No obstante, ha asegurado que el Gobierno trabaja de forma coordinada con organizaciones como la Cruz Roja o Cáritas para dar respuesta a los casos más urgentes.
En paralelo, el Ejecutivo ha defendido que la reducción del número de beneficiarios de ayudas al alquiler en 2025 —con una caída del 26,6%— responde al final de las medidas excepcionales aplicadas entre 2022 y 2024 para hacer frente a la crisis del poder adquisitivo.
Estas medidas habían flexibilizado los requisitos de acceso, pero con la recuperación de las condiciones ordinarias, el sistema ha reducido su alcance, aunque mantiene mecanismos complementarios para atender situaciones especialmente vulnerables.