1.838 personas se han beneficiado de las ayudas al alquiler este año

El Gobierno de Andorra ha aprobado 1.838 solicitudes de ayuda al alquiler entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. El importe total concedido asciende a 4.384.355 euros.

Así lo ha confirmado el ministro portavoz, Guillem Casal, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Nuevas excepciones por violencia de género y protección de la infancia

El Gobierno ha aprobado varias modificaciones del reglamento para mejorar el acceso a las ayudas. Una de las principales novedades es la incorporación de excepciones para situaciones de violencia de género y protección de la infancia.

En estos casos, se podrá conceder la ayuda aunque el contrato de alquiler no esté a nombre del beneficiario, siempre que exista una medida judicial que acredite la obligación de residir en esa vivienda.

Sin propiedades inmobiliarias en el país

Hasta ahora, este requisito impedía el acceso a la ayuda, incluso con resolución judicial. El alquiler deberá superar el 30% de los ingresos familiares Otra modificación clave es la incorporación de un nuevo criterio económico. Para acceder a la ayuda, será necesario acreditar que el coste del alquiler supera el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Según Casal, hasta ahora no existía una referencia clara entre los ingresos familiares y el coste real del alquiler. Esto podía provocar que se concedieran ayudas en situaciones con un esfuerzo económico inferior al umbral recomendado.

El nuevo reglamento también establece la obligación de acreditar que ningún miembro de la unidad de convivencia dispone de una vivienda en propiedad en Andorra.

Un 10% de los beneficiarios podría cambiar de tipo de ayuda 

Esta medida busca reforzar la coherencia del sistema y garantizar que los recursos públicos se destinen a familias sin alternativas residenciales propias. Las ayudas se ajustan al número de miembros de la unidad de convivencia, para adaptar mejor la ayuda a la realidad familiar.

Casal ha adelantado que aproximadamente un 10% de las personas que actualmente perciben la ayuda podrían dejar de cumplir los nuevos requisitos.