Cinca pide pasar a la acción en la reforma de las pensiones: “lo único no legítimo es no hacer nada”

El presidente de la comisión gestora del Fondo de Reserva de Jubilación, Jordi Cinca, lamentó este miércoles que “se ha perdido otro año” sin avanzar en la reforma del sistema de pensiones.

Así lo expresó durante su comparecencia ante la comisión legislativa de seguimiento y sostenibilidad de las pensiones de la CASS, donde presentó los datos correspondientes al ejercicio 2025.

Cinca insistió en la necesidad de emprender reformas estructurales del sistema y defendió que cualquier cambio será “perfectamente defendible si sirve para corregir las carencias”, añadiendo que “lo único no legítimo es no hacer nada”.

En este sentido, hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dejen de prolongar el debate con nuevos estudios y pasen a la acción, asegurando que “ya existe la información necesaria” para impulsar modificaciones legislativas.

El responsable del Fondo de Reserva subrayó que la sostenibilidad del sistema de pensiones requiere decisiones inmediatas y advirtió de que el retraso en la adopción de medidas puede complicar aún más el equilibrio financiero del modelo actual.

La CASS ha logrado evitar el pago indebido de cerca de 788.000 euros en pensiones de invalidez gracias al sistema de control y revisión activado tras detectar irregularidades en determinados expedientes.

Según se expuso en sede parlamentaria, en 2024 se constató que se habían abonado de forma incorrecta pensiones de invalidez del grupo 1, correspondientes a personas que pueden compatibilizar la prestación con una actividad laboral. Ante esta situación, la parapública puso en marcha un protocolo de revisión sistemática.

Estas revisiones, desarrolladas a lo largo de 2025, han permitido corregir situaciones que habrían supuesto pagos indebidos por un importe global cercano a los 788.000 euros, según detalló el presidente del consejo de administración de la CASS, Marc Galabert.

A 31 de diciembre, el proceso de revisión afectaba a un total de 229 personas, cuyos expedientes están siendo analizados para determinar si cumplen los requisitos establecidos para este tipo de pensión.