El Consell General i el Govern firman un convenio para adaptar la legislación a una lectura fácil

El síndic general, Carles Ensenyat, y la ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, han firmado este jueves por la mañana un convenio de colaboración entre el Consell General y el Gobierno de Andorra para adaptar los textos legislativos del Principado a lectura fácil.

El acto ha tenido lugar en la Casa de la Vall, en el despacho del Síndic General de la nueva sede del Parlamento, donde ambas instituciones han rubricado el acuerdo que permitirá transformar el lenguaje jurídico en versiones más accesibles y comprensibles para toda la ciudadanía.

La iniciativa representa un paso hacia la accesibilidad universal, con el objetivo de garantizar que las leyes y normas que rigen la vida pública puedan ser entendidas especialmente por personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión lectora. 

El acceso a la información se considera un derecho fundamental para fomentar la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.

Un proyecto para hacer la legislación más accesible sin valor jurídico

Los trabajos de adaptación se encargarán a entidades especializadas y acreditadas, con el fin de asegurar el rigor técnico y la calidad de los textos. Además, se prevé la validación de los contenidos por parte de personas con discapacidad, así como la posibilidad de incorporar pictogramas y otros recursos visuales para facilitar la comprensión.

Las versiones en lectura fácil tendrán carácter informativo y divulgativo, por lo que no tendrán valor jurídico ni sustituirán en ningún caso a los textos oficiales publicados en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA).

El síndic general, Carles Ensenyat, ha subrayado que la accesibilidad y la transparencia han sido objetivos prioritarios de la legislatura, y ha señalado que el proyecto comenzará con la Constitución, como norma fundamental del ordenamiento jurídico.

Por su parte, la ministra Trini Marín ha destacado que el objetivo es avanzar de forma progresiva en la adaptación de toda la legislación, no solo para personas con discapacidad, sino también para otros colectivos como las personas mayores o quienes tienen dificultades con el lenguaje jurídico.