Creuem Fronteres reclama al Govern de Andorra que rompa el silencio sobre el Sáhara Occidental

La asociación Creuem Fronteres per la Llibertat del Sàhara Occidental considera que los últimos episodios de tensión en torno a Ceuta ponen de manifiesto los riesgos de permitir que el uso de la presión fronteriza se convierta en una herramienta habitual de negociación política.

Días después de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma, la entidad ha querido poner el foco en el conflicto del Sáhara Occidental y en las consecuencias que, a su juicio, tiene la falta de respuesta internacional ante el incumplimiento del derecho internacional.

Para Creuem Fronteres, la situación puede resumirse en tres elementos principales: el patrón de impunidad, la diferencia jurídica entre ambos conflictos y el componente humano.

La asociación alerta de que cuando la comunidad internacional permite que se vulnere de forma continuada la legalidad internacional en el Sáhara Occidental «sin ningún tipo de consecuencia», se genera un precedente que puede acabar normalizando «el uso de la presión fronteriza y la manipulación de la vulnerabilidad humana como herramienta de chantaje o negociación política».

Creuem Fronteres diferencia el caso del Sáhara del de Ceuta

La entidad insiste, sin embargo, en que Ceuta y el Sáhara Occidental no son casos jurídicamente equiparables. Según su interpretación, la cuestión saharaui no constituye una disputa convencional de soberanía entre dos Estados, sino «un proceso de descolonización incompleto» y una cuestión vinculada al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como, recuerda la asociación, reconoce el marco de Naciones Unidas.

«El Sáhara Occidental no es ni ha sido nunca parte del territorio nacional de Marruecos ni de España; es un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización según la ONU», defiende la entidad.

En cambio, Creuem Fronteres señala que la situación de Ceuta se enmarca en las relaciones internacionales convencionales entre Estados, mientras que en el caso del Sáhara Occidental considera que está en juego «el derecho inalienable de un pueblo a su propia autodeterminación».

La similitud que observa la asociación no es, por tanto, territorial ni jurídica, sino relacionada con las formas de presión geopolítica. 

Según Creuem Fronteres, si un Estado comprueba que puede incumplir el derecho internacional sin consecuencias, puede interpretar que esta forma de actuar resulta efectiva y trasladarla a otros escenarios de negociación.

Crítica a la política basada en los «hechos consumados»

Creuem Fronteres considera que los episodios de tensión fronteriza evidencian los límites de una política basada en los «hechos consumados», que la entidad vincula a una concepción de las relaciones internacionales en la que el poder, la seguridad y los intereses nacionales se sitúan por encima de consideraciones jurídicas o humanitarias.

«La política de los hechos consumados y la cesión constante no generan estabilidad», sostiene la asociación, que defiende que la única garantía de paz y seguridad en el Magreb pasa por el «cumplimiento riguroso del derecho internacional» y por una resolución del conflicto del Sáhara Occidental.

La entidad también pone el foco en las personas que sufren las consecuencias de este tipo de conflictos y tensiones. «La paz y la seguridad no se consiguen mirando hacia otro lado, sino defendiendo la dignidad humana y el respeto al derecho internacional», afirma.

Reclamación directa al Govern d’Andorra

En este contexto, Creuem Fronteres reclama una posición más activa por parte del Govern d’Andorra. La asociación asegura que echa en falta «un posicionamiento firme» del Ejecutivo en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

La entidad contrapone esta actitud con la posición que Andorra ha adoptado ante otros conflictos internacionales, especialmente Ucrania y Palestina, en los que considera que el país ha defendido públicamente principios vinculados a la paz y la legalidad internacional.

«En lo que respecta al pueblo saharaui, la respuesta ha sido el silencio», lamenta Creuem Fronteres.

Para la asociación, Andorra debería mantener una posición coherente con su defensa de la «neutralidad positiva» y del respeto al derecho internacional. «La causa saharaui no es un conflicto bilateral de intereses partidistas, sino un proceso de descolonización incompleto reconocido por la propia ONU», defiende.

Creuem Fronteres considera, así, que Andorra debería pronunciarse de manera clara en defensa de los derechos humanos y del «derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación».