Alertan que el proyecto de descongelación de los alquileres puede incentivar expulsar inquilinos para aplicar subidas más altas
Marsol indicó que el Gobierno quiere aprobar la ley antes del mes de junio
Diversos expertos consultados por La Veu Lliure advierten que el nuevo proyecto de ley de descongelación de los alquileres podría generar un efecto contrario al deseado.
En lugar de estabilizar el mercado, algunos propietarios podrían optar por desalojar a los inquilinos actuales para poder aplicar subidas muy superiores a las permitidas en los contratos vigentes.
Una de las preocupaciones más repetidas es que, en contratos actuales con rentas moderadas —por ejemplo, 700 euros mensuales—, incluso un incremento aparentemente pequeño se traduce en un aumento que, para los colectivos de vivienda, resulta muy elevado.
El problema central, según algunos expertos, es que estas medidas obligan al propietario a mantener al inquilino actual, aunque el mercado podría permitir un precio mucho más alto.
Esto significa que, aunque el Gobierno busque garantizar los derechos de los inquilinos, algunos propietarios podrían sentirse incentivados a desalojarlos para poner de nuevo el piso al precio de mercado y maximizar la rentabilidad de su inversión.
En otras palabras, la limitación de subidas legales podría tener el efecto contrario al que se pretende, especialmente en pisos cuyo alquiler está por debajo del valor real de mercado.
“Los alquileres bajos han sido subvencionados de facto”
Los expertos remarcan que, en muchos casos, los inquilinos han estado pagando por debajo del valor real de mercado durante años debido a la congelación impuesta.
Según esta interpretación, cuando los precios se liberalicen y vuelva a aparecer oferta en el mercado, es probable que los alquileres muy bajos aumenten significativamente, mientras que los precios desorbitados tiendan a moderarse.
“Si un piso de 700 euros debería haber estado a 1.500, la diferencia es muy grande. No puedes verlo como una subida del 50%, sino como que has estado viviendo subvencionado. Mirarlo al revés lleva a un callejón sin salida”.
Una realidad marcada por la presión externa
También destacan que el mercado andorrano tiene particularidades que dificultan el equilibrio:
- Oferta extremadamente limitada por años de congelación y trabas.
- Dependencia de la inversión extranjera, que Andorra puede controlar jurídicamente pero no sin asumir riesgos económicos.
Acceso restringido al mercado, lo que hace que el poco producto disponible se venda muy rápido y muy caro.
Los analistas coinciden en que, hasta ahora, el mercado no ha funcionado con normalidad, y que la congelación ha generado un efecto acumulativo que ahora explota.
“Si el mercado hubiera estado abierto, no estaríamos así. Pero entre todos hemos provocado este escenario. Y Andorra, con todas sus ventajas, también tiene limitaciones muy fuertes: poca oferta, mucha presión y un equilibrio muy frágil”, concluyen.
Finalmente, alertan que la combinación de aumento de precios, incertidumbre y percepción de injusticia puede generar tensiones crecientes entre propietarios e inquilinos, en un momento en que muchos esperaban estabilidad después de años de medidas excepcionales.
La ministra Conxita Marsol anunció que el proyecto de ley del mercado del alquiler incluirá la obligación de notificar a los inquilinos con seis meses de antelación la finalización del contrato, una medida que busca ofrecer más garantías a los arrendatarios ante la desintervención progresiva del mercado.
Marsol indicó que el Gobierno quiere aprobar la ley antes del mes de junio para dar tiempo a propietarios e inquilinos a adaptarse.
Inicialmente se planteaba un plazo de tres meses, pero se amplió a seis para evitar comunicaciones de última hora y reforzar la protección de los arrendatarios.
La ministra remarcó que el proceso de desintervención debe ser “progresivo y garantista”, buscando equilibrar los intereses de ambas partes tras años de medidas excepcionales en el sector.
