Dolsa califica de “irracional” superar los 100.000 habitantes en Andorra
Las declaraciones se han producido en respuesta a preguntas de la Asociación de Propietarios de Tierras
El conseller de la oposición en Ordino, Enric Dolsa, ha considerado “irracional” que Andorra pueda superar los 100.000 habitantes en el futuro, durante la rueda de prensa posterior al consejo de comú celebrado este jueves.
Dolsa ha alertado de que el crecimiento demográfico y urbanístico de los últimos años “se estaba yendo de las manos” y ha defendido la necesidad de abrir una reflexión conjunta sobre “cuántos queremos ser en este país”.
En este sentido, ha afirmado que el Gobierno “siempre tiene la facultad de parar la construcción” y que, si detecta que el crecimiento se escapa de control, debería actuar para modularlo.
Debate sobre el modelo urbanístico
Las declaraciones se han producido en respuesta a preguntas sobre el modelo urbanístico y sobre la petición de la Associació de Propietaris de Terres (APTA) de centralizar más competencias en manos del Gobierno.
Dolsa ha recordado que la ley de competencias es una ley cualificada y que, por tanto, su modificación es “bastante complicada”, lo que a su juicio limita la capacidad de realizar cambios estructurales de forma rápida.
El debate vuelve así a poner el foco en el modelo de crecimiento del país y en el equilibrio entre desarrollo económico, presión urbanística y sostenibilidad territorial.
El conflicto del POUP
El Comú de Ordino aprobó hace dos semanas la modificación del Plan de Ordenación y Urbanismo Parroquial (POUP), en una sesión en la que el documento recibió el apoyo de la mayoría y que ya contaba con una validación provisional previa.
La revisión del plan incluye principalmente la reclasificación de l’Any de la Part como una única unidad de actuación, así como la corrección de diversos errores detectados en la versión inicial del texto urbanístico.
En paralelo, los responsables comunales señalaron que existen alrededor de una decena de recursos presentados ante la Batllia por parte de propietarios afectados, aunque el número podría variar debido a que el plazo de presentación no estaba completamente cerrado en aquel momento.
Desde el Comú se defendió la necesidad de aplicar criterios homogéneos en la gestión urbanística y se subrayó que el interés general debe prevalecer sobre los intereses particulares, diferenciando entre las expectativas económicas de los propietarios y las posibilidades reales de uso del suelo.
El proceso se enmarca en una fase anterior en la que se presentaron cerca de 40 recursos ante la CTU, de los cuales aproximadamente el 80% de las propuestas fueron aceptadas tras reuniones con los afectados.
La oposición también apoyó la modificación del POUP, aunque reconoció la controversia generada y defendió el derecho de los propietarios a recurrir las decisiones, dejando en manos de la justicia la resolución final de los conflictos abiertos.
