El Govern d'Andorra mantiene su plan de desintervención de los alquileres
El conflicto se agravó el 15 de mayo, cuando se publicó un resumen del proyecto de ley como si fuera definitivo
La tensión política en torno a la futura ley de desintervención de los alquileres se ha intensificado después de que Demócrates per Andorra haya votado en contra de todas las enmiendas presentadas por Concòrdia en la Comisión de Economía del Consell General.
La decisión llega pocos días después de que más de un millar de personas se manifestaran en las calles de Andorra la Vella para protestar contra el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda para el periodo 2027-2030.
El conflicto se agravó el 15 de mayo, cuando se publicó en la prensa un resumen del proyecto de ley como si fuera definitivo, a pesar de que aún se encontraba en fase de trabajo parlamentario con 43 enmiendas pendientes de debate. Esta situación generó sorpresa y malestar entre los grupos de la oposición.
Además, el jefe de Gobierno reforzó esta percepción en varias intervenciones públicas y en redes sociales, donde presentó el contenido de la ley como cerrado y descartó cambios, incluso antes de que finalizara el debate parlamentario.
Una ley que no satisface a la oposición
Según Concòrdia, esta actitud evidencia una falta de voluntad de diálogo y una dinámica unilateral en una cuestión considerada prioritaria para la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda.
Por su parte, Andorra Endavant critica que el Gobierno haya dado por cerrado el proyecto de ley de arrendamientos de vivienda 2027-2030 mientras todavía se está tramitando en el Consell General, con enmiendas pendientes de debate.
El partido considera que la publicación del texto en los medios y las declaraciones del Ejecutivo presentando la ley como definitiva suponen una falta de respeto institucional y desautorizan el trabajo parlamentario, especialmente el de la oposición.
Aun así, el grupo destaca algunos espacios de diálogo dentro de la comisión legislativa y valora positivamente la apertura a estudiar ciertas propuestas, en especial una enmienda para limitar que actividades comerciales se realicen en viviendas de alquiler residencial.
Carine Montaner defiende que estos usos deberían trasladarse a espacios comerciales para proteger el parque de vivienda residencial en un contexto de tensión inmobiliaria.
Finalmente, los partidos reclaman un debate parlamentario más riguroso y respetuoso, y denuncian que el Gobierno no debería adelantar decisiones antes de que finalice el proceso legislativo.
