El Govern, parcialmente de acuerdo con la proposición sobre inmigración de Concòrdia

El Govern dice que está trabajando en una propuesta para establecer un diálogo con el resto de grupos

Govern d'Andorra

2 minutos de lectura Publicado el Jueves, 18 Septiembre 2025 - 08:49 por el autor La Veu Lliure

Tras el registro este miércoles por parte del grupo parlamentario Concòrdia de una proposición de ley para reformar la normativa de inmigración y limitar el impacto de la inversión extranjera sobre el mercado inmobiliario. 

El Govern de Andorra ha reiterado su voluntad de mantener la línea política establecida y abrirse al diálogo con los grupos parlamentarios.

El portavoz del Govern, Guillem Casal, recordó que la institución ya actuó en línea con la nueva propuesta legislativa durante la pasada legislatura.

“Mire, si el Govern está de acuerdo, recordará que en la pasada legislatura el Govern presentó en el Consell General un proyecto de ley donde la cantidad mínima a depositar era de 800.000 euros y, a la salida del texto, se aprobó un contingente económico de 600.000 euros. Por tanto, el Govern ya demostró en el pasado, con el mismo jefe de Govern, que está de acuerdo con esta línea y en el futuro también”, declaró Casal.

La ministra Conxita Marsol declaró el pasado lunes que se está trabajando en una propuesta para establecer un diálogo con el resto de grupos parlamentarios. 

Más allá del origen o de quién lo presente, tenemos que encontrar la manera de sacar adelante lo que queremos como país”, subrayó.

La iniciativa de Concòrdia llega en un contexto de “crisis de vivienda sin precedentes”, según el partido, marcada por el incremento de los precios, la desaparición progresiva de los pisos de alquiler y el aumento de inmuebles destinados a segunda residencia o a inversión especulativa. 

La proposición busca aumentar los requisitos de inversión para obtener la residencia sin actividad laboral, eliminar la posibilidad de que esta inversión se haga en inmuebles y garantizar que parte de los importes se destinen a instrumentos financieros andorranos o al presupuesto del Estado, incluyendo una contribución mínima de 50.000 euros a fondo perdido para el bienestar colectivo.

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