El PS propone limitar a dos meses la prisión preventiva en delitos menores

El Grupo Parlamentario Socialdemócrata ha presentado 22 enmiendas al proyecto de ley calificada de modificación de diversas normas en el ámbito penitenciario y penal, con el objetivo de reforzar los derechos de las personas privadas de libertad y apostar por políticas más inclusivas orientadas a la reinserción. Las propuestas han sido registradas por la presidenta del grupo, Susanna Vela.

Mejora del régimen de internamiento y derechos de los menores

Entre las enmiendas presentadas destacan especialmente las que plantean mejoras en el régimen de internamiento, con una atención particular a los menores. En este sentido, los socialdemócratas proponen garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Andorra en 1995.

Derechos sanitarios y autonomía del paciente

Una parte de las enmiendas se centra en la asistencia médica a las personas internas. El grupo defiende que el hecho de estar privado de libertad no debe implicar un régimen menos garantista en lo relativo a la atención sanitaria. 

Por ello, proponen ajustar la normativa a lo que establece la Ley 20/2017 de derechos y deberes de los usuarios y profesionales del sistema sanitario, así como garantizar el respeto a la historia clínica y al derecho a rechazar un tratamiento médico.

Según el grupo parlamentario, la reforma debería ser coherente con el Convenio de Oviedo, en vigor en el Principado desde el 1 de octubre de 2023, que defiende el derecho a la protección de la salud, la intimidad y la dignidad de la persona.

Reducción de los plazos de prisión preventiva

Otra de las propuestas destacadas es la modificación de los plazos de prisión preventiva. Los socialdemócratas plantean limitar estos plazos para adaptarlos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En concreto, proponen que en los delitos menores la prisión preventiva no supere los dos meses, en lugar de los seis meses actuales. En los delitos mayores, el plazo máximo sería de seis meses desde la notificación de la conclusión de la instrucción, en lugar de los doce meses actuales. Estas modificaciones también responden a las recomendaciones del Colegio de Abogados de Andorra.

Cambios en fianzas e incentivos penitenciarios

El grupo también propone modificar la regulación de las fianzas dentro del Código de Procedimiento Penal de Andorra, incorporando criterios de proporcionalidad, protección de terceros, delimitación clara de los bienes inembargables y una regulación más detallada del embargo preventivo.

Finalmente, los socialdemócratas insisten en que la reinserción debe ser un eje central de las políticas penitenciarias. Por ello, defienden reforzar los incentivos penitenciarios, como la reducción de penas, como herramienta clave de gestión y convivencia dentro del sistema penitenciario.