“Los andorranos no deben marcharse de su casa, y esta es la prioridad”

El debate entre presidentes de grupos parlamentarios en RTVA sobre la vivienda en Andorra ha vuelto a situarse en el centro, con un cruce de argumentos entre la presidenta del grupo parlamentario Andorra Endavant, Carine Montaner, y el presidente de Concòrdia, Cerni Escalé. La confrontación ha girado en torno a la fiscalidad inmobiliaria y al papel de la inversión extranjera en el mercado andorrano.

La fiscalidad repercute directamente en el precio de la vivienda

Montaner ha advertido que la acumulación de impuestos y tasas vinculadas a la compraventa de inmuebles acaba repercutiendo directamente en el precio final de la vivienda.

Según ha detallado, al precio de adquisición deben sumarse el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), las tasas de inversión extranjera, que actualmente rondan el 6 %, el 5 % del “pas de casa” en el caso de bienes enfitéuticos, así como la plusvalía sujeta al IRPF.

“Todo esto acaba incrementando el precio de venta en el mercado. No nos engañemos”, ha afirmado.

Montaner pide realismo y equilibrio fiscal

La líder de Andorra Endavant ha insistido en que el efecto es “matemático”: cuantos más impuestos se imponen al sector, más se encarecen los bienes inmobiliarios.

“Ya lo dijimos en la comisión de Economía. Todo es una cuestión de equilibrios”, ha subrayado, posicionándose claramente en contra de un aumento excesivo de la presión fiscal, que —según ha señalado— dificulta el acceso a la vivienda.

Concòrdia propone limitar la compra a inversores extranjeros

Por su parte, Cerni Escalé ha defendido una visión distinta, centrada no tanto en la fiscalidad como en la regulación de la demanda. El conseller ha propuesto que, de manera transitoria y mientras persista la actual tensión del mercado, no se permita a inversores extranjeros inmobiliarios adquirir viviendas en construcción en Andorra.

“La prioridad son las personas del país”, ha afirmado Escalé, argumentando que no debería permitirse que personas que no residen en Andorra compren viviendas de 200.000 o 300.000 euros, que son precisamente las que necesita la población residente.

No obstante, ha matizado que esta limitación no debería afectar a los andorranos que viven temporalmente en el extranjero.

Escalé ha recalcado que la propuesta no responde a una cuestión impositiva, sino a una medida excepcional y temporal para proteger el acceso a la vivienda.
“No estamos hablando de impuestos, sino de priorizar a quienes necesitan vivir en el país”, ha concluido.