El Govern quiere despenalizar a la mujer, pero nunca ninguna ha sido condenada por abortar
Los médicos no tendrán protección legal y la CASS no cubrirá el aborto dentro de Andorra
El Govern de Andorra ha aprobado una reforma legal que garantiza que las mujeres no serán perseguidas penalmente por interrumpir un embarazo.
Sin embargo, especialistas y entidades defensoras de los derechos de las mujeres advierten que esta medida no equivale a una despenalización completa del aborto en el país.
La nueva normativa deja fuera de cobertura sanitaria la interrupción voluntaria del embarazo, ya que la CASS no la incluirá, y los profesionales médicos continúan sin protección legal si practican un aborto dentro del territorio andorrano. Así, aunque la mujer deja de ser penalizada, el acceso real al aborto sigue sin resolverse.
Ninguna mujer ha sido condenada
Según datos oficiales, durante 2025, 143 mujeres residentes en Andorra se desplazaron a España para interrumpir su embarazo.
Las asociaciones de defensa de los derechos reproductivos señalan que la reforma probablemente no cambiará esta realidad, ya que las mujeres continuarán recurriendo a servicios en el extranjero, con asesoramiento de profesionales locales, pero sin garantías dentro del sistema sanitario nacional.
Hasta la fecha, ninguna mujer ha sido condenada por aborto en Andorra. La jueza andorrana ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Canòlic Mingorance, confirmó en 2019 ante el CEDAW:
“No sé de dónde viene esta información, pero la verdad es que no es correcta. Nunca en la historia de Andorra se ha iniciado una investigación por casos de aborto”.
Una despenalización con alcance limitado
Desde el Govern, la despenalización de la mujer se considera “la máxima ambición posible” en el actual contexto político. Fuentes internas indican que, de no haber influido factores como la muerte del Papa y la nueva postura del pontífice León XIV, se podría haber avanzado hacia un modelo más completo que incluyera protección legal para los médicos y cobertura pública.
La medida queda, por tanto, en un punto intermedio: simbólicamente significativa, pero limitada en alcance práctico. Con esta reforma, Andorra deja de criminalizar a las mujeres, marcando un paso jurídico importante que ha sido observado con atención por la comunidad internacional.