Los jubilados expresan “profundo malestar” por quedar fuera del acuerdo salarial
El sindicato recuerda que muchos de los actuales jubilados “dedicaron décadas de servicio al progreso de Andorra
La rama de jubilados de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha hecho pública una carta abierta dirigida al cap de Govern, en la que expresa su “profundo malestar” por el acuerdo reciente entre el Executiu y parte de los sindicatos de la Función Pública, del cual los jubilados han quedado excluidos.
La carta, firmada por Joan Torra, presidente de la Associació de Bombers d’Andorra y tesorero de la USdA, denuncia que el acuerdo no prevé ningún aumento retributivo para los trabajadores ya retirados, hecho que consideran “ni justo ni coherente con los valores de equidad y respeto que deben regir el servicio público”.
“No pedimos privilegios, sino equidad. No reclamamos un favor, sino el reconocimiento del derecho a mantener el poder adquisitivo y la dignidad que corresponde a todos los servidores públicos, activos o jubilados”, afirma Torra en la carta.
El sindicato recuerda que muchos de los actuales jubilados “dedicaron décadas de servicio al progreso de Andorra y al buen funcionamiento de las instituciones”, y lamenta que ahora se les deje fuera de las mejoras económicas aplicadas al personal en activo.
Reproche al Govern
Además, la USdA critica que el Govern haya aprobado una prima de productividad extraordinaria para el personal activo de la Administración general y de justicia, publicada recientemente en el BOPA, sin tener en cuenta a los jubilados que también trabajaron durante los períodos en que no se aplicó el sistema de evaluación del desempeño. “Resulta injusto y discriminatorio que esta prima no se extienda también a los jubilados”, asegura el texto.
Los representantes de los jubilados exigen que los incrementos salariales y las primas acordadas para la Función Pública tengan un reflejo proporcional en las pensiones, y reclaman el cumplimiento del compromiso electoral del partit de Govern de revisar las jubilaciones correspondientes a los años 2015-2023, un punto que, según denuncian, “todavía no se ha cumplido”.
El organismo informa que está valorando acciones legales para determinar si la diferencia de trato entre personal activo y jubilado puede constituir una discriminación normativa. “Los jubilados también forman parte de la Función Pública. Seguimos siendo ciudadanos activos, comprometidos y orgullosos del servicio prestado”, concluye la carta.
