La Unió Sindical reclama impulsar vivienda de protección oficial y ve con buenos ojos las casas modulares

La propuesta de Andorra Endavant, impulsada por la consejera general Carine Montaner, para destinar parcelas a la construcción de casas modulares, ha reabierto el debate sobre las soluciones de vivienda en el país.

Aunque la iniciativa no ha avanzado en los últimos meses y no ha recibido suficiente valoración institucional, el presidente de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, considera que “no es una idea descabellada” y que podría ser una vía complementaria para aliviar la falta de oferta.

Según Ubach, las casas modulares o prefabricadas son una alternativa que ya funciona con éxito en países nórdicos, en Estados Unidos o en Canadá.

“No es la solución definitiva, pero destinar parcelas a este tipo de edificaciones no es una mala idea”, ha señalado en declaraciones a La Veu Lliure. El líder sindical recuerda que las construcciones modulares actuales ofrecen garantías equiparables —o incluso superiores— a las de la obra tradicional en cuanto a aislamiento, eficiencia y calidad.

Impulsar “ya” viviendas de protección oficial

Pese a la valoración positiva, Ubach remarca que esta opción no puede sustituir lo que considera el verdadero eje central para solucionar el problema de la vivienda: el desarrollo de un parque de viviendas de protección oficial (VPO). Para él, la solución pasa por que “los comuns pongan suelo a disposición” y se construyan pisos públicos destinados a los residentes que cumplan requisitos objetivos de antigüedad en el país y que no dispongan de otro inmueble.

Ubach expone que actualmente los precios de construcción que se utilizan para justificar el coste final de los pisos “están inflados por la especulación”. Según sus cálculos, edificar en Andorra no debería costar más que en zonas como la Seu d’Urgell o Puigcerdà, situando el precio entre 1.500 y 2.000 euros el metro cuadrado.

Con estas cifras, defiende que la vivienda pública podría venderse por entre 250.000 y 300.000 euros, permitiendo cuotas hipotecarias asumibles de unos 800 a 1.000 euros mensuales. “Así, cualquier persona, incluso con 40 años, podría acceder a una vivienda digna y acabar siendo propietaria”, afirma.

El presidente de la USdA insiste en que las casas modulares pueden ser un apoyo útil, pero que el Estado y los comunes deben actuar con una estrategia clara y sostenida para garantizar el acceso a la vivienda. “No podemos quedarnos solo con soluciones provisionales. El país necesita vivienda pública de verdad”, concluye.