El Govern, a un paso de presentar la ley que regulará la profesión de gestor administrativo en Andorra

Después de muchos años de trabajo, perseverancia y esfuerzo conjunto por parte del sector, la profesión de gestor administrativo en el Principado de Andorra está a punto de alcanzar el reconocimiento institucional y jurídico que merece. Así lo ha explicado a La Veu Lliure Natalia Cusnir, presidenta de la Asociación de Gestorías y Gestores Administrativos de Andorra.

Está previsto que el próximo 23 de junio el Consejo de Ministros apruebe el Anteproyecto de Ley del ejercicio de la profesión y de creación del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Andorra (COGAA).

Con este visto bueno, el texto iniciará su tramitación parlamentaria en el Consell General el 25 de junio, dando comienzo a la cuenta atrás definitiva para su conversión en ley.

Una vez la iniciativa legislativa entre en el Consell General, quedará sometida a los procedimientos y plazos establecidos legalmente. 

De forma inmediata, se abrirá un periodo ordinario de quince días hábiles para la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Dada la relevancia y amplitud del texto, es habitual que se solicite alguna prórroga para analizarlo con mayor detalle.

Finalizado el plazo de enmiendas, el trabajo pasará a la comisión legislativa correspondiente, donde se designará un ponente y se debatirán y votarán, artículo por artículo, las posibles modificaciones.

Una vez elaborado el informe de la comisión, el Proyecto de Ley se elevará al pleno del Consell General para su debate y votación definitivos. Si todo sigue el curso previsto y se mantiene el consenso esperado, el sector podría contar con su marco regulador en los próximos meses.

Prestigio, transparencia y vocación de servicio

El principal objetivo de esta futura regulación es dignificar y dotar de seguridad jurídica a la figura del gestor administrativo. El texto concibe al gestor no como un mero intermediario, sino como un profesional libre, independiente y altamente cualificado, esencial para garantizar la agilidad y fluidez de las relaciones entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública.

La norma pondrá un especial énfasis en la ética profesional, la deontología y el secreto profesional, elevando los estándares de calidad del servicio y garantizando que la actuación de los gestores se base siempre en la lealtad y el rigor técnico.

El objetivo central de la ley es ordenar un sector que desde hace tiempo necesitaba unas reglas claras para proteger tanto a los profesionales como a los usuarios de sus servicios.

Para ello, la normativa se articulará sobre varios ejes fundamentales: la creación del COGAA como corporación de derecho público encargada de representar al sector, defender sus intereses y velar por las buenas prácticas; la colegiación obligatoria, ya sea como ejerciente o no ejerciente, para garantizar un control riguroso de la actividad; unos requisitos de acceso exigentes, entre ellos disponer de una titulación de educación superior (nivel 6A del Marco Andorrano de Cualificaciones en ámbitos como derecho, economía o empresa).

Acreditar el dominio de la lengua catalana con un nivel mínimo B2 y contratar un seguro de responsabilidad civil; así como un régimen disciplinario que dotará al Colegio de un catálogo de infracciones y sanciones para combatir las malas prácticas.

Nuevas oportunidades para el sector y lucha contra el intrusismo

La inminente aprobación de esta ley abre un horizonte lleno de oportunidades para los profesionales de Andorra. En primer lugar, supondrá un importante avance en la lucha contra el intrusismo profesional. 

Al delimitar claramente los requisitos para ejercer la actividad y crear un registro oficial, el colectivo quedará protegido frente a prácticas irregulares y personas no cualificadas, reforzando la seguridad de los clientes.

Además, el COGAA se convertirá en una voz institucional propia y sólida, capaz de actuar como interlocutor válido ante el Gobierno, los comunes y cualquier organismo oficial. 

Desde esta posición podrá proponer mejoras en materia de simplificación administrativa y participar activamente en la elaboración y desarrollo normativo del país.

La futura regulación también aportará seguridad jurídica en las distintas modalidades de ejercicio profesional. La norma contempla expresamente el ejercicio individual, asociado o mediante sociedades profesionales, facilitando la modernización y estructuración empresarial de los despachos bajo una cobertura legal clara.

Por último, el texto prevé un régimen transitorio de adaptación. Uno de los aspectos más valorados por el sector es que permitirá a los profesionales que ya llevan años ejerciendo integrarse en el nuevo colegio profesional mediante el reconocimiento de su experiencia acumulada, garantizando así una transición ordenada y aportando estabilidad desde el primer momento.