Pintos alerta sobre la necesidad de un método fiable para bloquear las redes a los menores de 16

Andorra se prepara para dar un giro relevante en la regulación del entorno digital y la protección de los menores. El Gobierno estudia prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que Demòcrates per Andorra adelantó en La Veu Lliure y que el Ejecutivo confirmó en el último Consell de Ministres.

En la línea de los países vecinos

Desde el Gobierno se ha insistido en que el proyecto legislativo no es reactivo ni responde a las iniciativas recientes en Francia y España, sino que Andorra trabaja en la materia desde hace tiempo, antes de conocer las propuestas de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron.

La propuesta sitúa al Principado en sintonía con una tendencia europea creciente que busca reducir la exposición de los menores a riesgos asociados con las plataformas digitales, como problemas de salud mental, adicción, desinformación y sobreexposición a contenidos nocivos. 

En paralelo, la Comisión Europea ha reforzado su discurso exigiendo más responsabilidades a las grandes tecnológicas y mayor protección para los colectivos vulnerables, especialmente niños y adolescentes.

En este contexto, La Veu Lliure ha podido hablar a título personal con Víctor Pintos, miembro de Acció Liberal y conseller de CC, quien valora positivamente la medida de aumentar la edad mínima de acceso a 16 años, aunque advierte que el debate no es simple ni exento de dificultades.

Salud mental y ciberacoso

“El aumento de la edad hasta los 16 años no es una medida extrema. El acceso de los menores a las redes sociales es cada vez más intenso y, sinceramente, nos preocupa mucho”, señala Pintos.

El conseller subraya el impacto que puede tener el consumo digital precoz en el desarrollo de los jóvenes: “Como padre, veo que el uso constante de las redes puede ser muy perjudicial para la salud mental de nuestros hijos. Es un tema que no se puede banalizar”, afirma, alineándose con las voces que reclaman más control y responsabilidad institucional.

Sin embargo, Pintos advierte del principal escollo de la medida: su aplicación real. “La mayor dificultad es implantar un sistema sólido, claro y fiable de verificación de la edad. ¿Cómo garantizamos de manera objetiva que un menor no pueda acceder a estas plataformas?”, se pregunta, señalando que este reto técnico puede vaciar de contenido cualquier prohibición si no se acompaña de mecanismos efectivos.

Más allá de la regulación, Pintos defiende que la coresponsabilidad familiar y educativa es clave. “Por mucho que se haga desde la escuela o la administración, la familia es fundamental. Todos hemos visto situaciones cotidianas: padres en la mesa y los niños en un rincón con el móvil. Esto también forma parte del problema”, apunta, reclamando coherencia social ante un fenómeno que va más allá de la ley.