¿Qué hará el Nuncio? Movimientos en Madrid por la despenalización del aborto en Andorra

La llegada del nuncio apostólico, Mons. Piero Pioppo, a Madrid hace apenas dos días ha activado todas las alarmas diplomáticas, pastorales y políticas en plena escalada de tensión sobre la futura despenalización del aborto en el Principado de Andorra. Según ha podido saber La Veu Lliure, esta semana se esperan movimientos relevantes dentro de la Nunciatura Apostólica de Madrid, coincidiendo con la creciente presión de un sector de fieles andorranos que exigen claridad sobre la posición real de la Santa Sede.

Una carta que sacude el tablero político y eclesial

Un grupo de fieles católicos del Principado ha enviado al nuncio una carta formal en la que expresan su “seria preocupación moral y pastoral” ante el avance del proyecto legislativo que el Gobierno prevé llevar al Consejo General durante esta legislatura.

Los firmantes alertan que cualquier reforma que altere la actual protección constitucional del derecho a la vida —recogida en el artículo 8 de la Carta Magna— vulneraría “la identidad moral y espiritual del Principado”, un principio que, recuerdan, forma parte del equilibrio histórico del Coprincipado.

En la misiva, de tono profundamente respetuoso pero políticamente contundente, los fieles solicitan una reunión presencial o telemática con el representante de la Santa Sede. Quieren aclarar si el Vaticano ha avalado o no el proceso negociador abierto por el Gobierno andorrano y, al mismo tiempo, transmitir directamente su preocupación.

La carta subraya que la defensa de la vida “en todas sus fases” es un pilar compartido entre Constitución y magisterio, citando explícitamente la enseñanza pontificia “desde San Juan Pablo II hasta León XIV”.

Un momento diplomático delicado

La iniciativa de los fieles llega en un momento de máxima sensibilidad. El nuevo ciclo político que ha abierto el Gobierno, con el compromiso reiterado de impulsar la despenalización del aborto, coincide con el relevo pastoral en la nunciatura y con la insistencia de Roma en preservar tanto el valor de la vida como el equilibrio constitucional andorrano.