Expertos afirman que los nuevos requisitos para residentes pasivos pueden encarecer el precio de la vivienda

El proyecto de ley, que también incluye cambios en materia de reagrupación familiar, introduce modificaciones que elevan hasta 800.000 euros el valor mínimo de los inmuebles que pueden adquirir los residentes pasivos. 

Según diversos expertos y analistas del sector, esta medida podría tener un impacto directo al alza sobre el conjunto del mercado inmobiliario andorrano.

En este sentido, las fuentes consultadas señalan que el aumento del umbral mínimo para la compra de viviendas por parte de residentes pasivos “tensará inevitablemente los precios de todos los pisos”, ya que establece una nueva referencia elevada dentro del mercado. 

“Está más que claro que esta medida no resuelve el problema de la vivienda, sino que incrementa el valor medio del parque inmobiliario”, apuntan.

Los expertos consideran que otro efecto colateral de la medida será el aumento de la recaudación pública, tanto a través de tasas como de impuestos vinculados a las transacciones inmobiliarias.

¿Hipotecados con la administración pública?

Según estas fuentes, el Gobierno estaría priorizando el ingreso fiscal para poder asumir el aumento del gasto corriente, especialmente tras los incrementos salariales aprobados en los últimos años.

“Se presenta como una medida para mejorar el acceso a la vivienda, pero en realidad responde más a una lógica recaudatoria”, señalan. 

Añaden que el modelo económico actual estaría “fuertemente condicionado por la inversión extranjera y la construcción”, lo que, a su juicio, distorsiona el mercado y dificulta el acceso a la vivienda para la población residente.

Los analistas también advierten de que el encarecimiento de los requisitos para los residentes pasivos puede consolidar una segmentación del mercado, con una presión creciente sobre los precios de las viviendas medias y bajas, aunque estas no estén destinadas directamente a este colectivo.

El proyecto de ley, que también incluye cambios en materia de reagrupación familiar y autorizaciones de trabajo temporal, debe cerrarse definitivamente en una última reunión de la comisión antes de su votación en el Consell General, prevista para el próximo jueves.