Gili admite que las futuras torres de Escaldes son legales y que no pueden pararse sin ir a los tribunales
El plan urbanístico de 2018 sería la clave del desarrollo actual y limita la capacidad del comú
Escaldes-Engordany atraviesa un nuevo episodio de tensión política y social por la construcción de varias torres residenciales en el municipio. El modelo de crecimiento vertical ha reabierto el debate sobre el planeamiento urbanístico y sobre hasta qué punto las instituciones pueden intervenir en proyectos ya aprobados.
En una entrevista en RTVA, la cónsul mayor de Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha defendido la gestión del comú y ha rechazado que su equipo haya autorizado directamente las torres que actualmente se están construyendo. Según ha explicado, la mayoría de estos desarrollos proceden de un marco legal anterior.
Gili ha señalado como elemento clave el plan de urbanismo aprobado en 2018, que estableció los derechos edificatorios de los propietarios. Una vez consolidados estos derechos, los promotores disponen de respaldo legal para ejecutar los proyectos, lo que reduce de forma significativa la capacidad de intervención posterior de la administración comunal.
Plan urbanístico de 2018 y límites de actuación
La cónsul ha comparado esta situación con otros casos urbanísticos del país, donde proyectos aprobados en legislaturas anteriores continúan su desarrollo pese a cambios de gobierno. También ha destacado que muchos de los promotores son grandes propietarios con capacidad económica y jurídica para defender sus proyectos ante posibles litigios.
Pese a las limitaciones, el comú sí ha logrado introducir modificaciones puntuales en algunos proyectos mediante negociación, obteniendo contraprestaciones como espacios de aparcamiento. Sin embargo, Gili ha insistido en que se trata de ajustes concretos y no de una revisión global del modelo urbanístico.
Impacto de las torres y debate político
Uno de los puntos más controvertidos es el impacto visual de las nuevas torres, especialmente en zonas como el carrer Falgueró, donde el crecimiento en altura es cada vez más evidente. La cónsul ha reconocido este impacto y la legitimidad del debate social, aunque ha reiterado que el margen de actuación actual es limitado por el marco legal heredado.
Finalmente, Gili ha respondido a las críticas políticas asegurando que se le atribuyen responsabilidades que no dependen directamente de su administración y ha defendido que la situación jurídica es más compleja de lo que se plantea en el debate público. También ha subrayado que la mayoría de promotores implicados son andorranos, vinculados al capital y la iniciativa local.
