El Sindicato denuncia la exclusión de jubilados del complemento de productividad

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha criticado con dureza al Ministerio de Función Pública por la exclusión de los funcionarios jubilados y prejubilados del pago único de productividad previsto en el Decreto 363/2025, así como de la actualización de las pensiones. 

El sindicato califica la situación de “grave improvisación” y cuestiona la responsabilidad política del departamento encabezado por Marc Rossell.

Según el comunicado emitido este martes, los afectados ya han comenzado a presentar recursos administrativos ante el Gobierno, después de que el Departamento de Función Pública haya desestimado sus solicitudes.

El sindicato sostiene que existe una contradicción en la actuación del Ministerio, ya que, al mismo tiempo que se rechazan formalmente las reclamaciones, la propia Administración reconoce por escrito que la cuestión “aún está siendo analizada y tratada por los responsables competentes”.

Para la USdA, este escenario evidencia una actuación “incoherente, improvisada y jurídicamente insegura”, ya que primero se habrían negado derechos a los jubilados y prejubilados sin que exista todavía un criterio definitivo cerrado sobre el asunto.

Críticas al Gobierno y exigencia de rectificación

El sindicato considera “inadmisible” que se hayan emitido resoluciones desestimatorias sin una posición jurídica y política clara por parte del Ejecutivo sobre la exclusión de estos colectivos. 

La USdA defiende que no existe una justificación objetiva para dejar fuera del complemento compensatorio a los funcionarios ya jubilados o prejubilados tras años de servicio.

Además, el comunicado también apunta a las recientes declaraciones del ministro Marc Rossell, quien afirmó que los salarios de los funcionarios estaban “obsoletos desde el año 2000” y que era necesario corregir esta situación. 

El sindicato critica especialmente estas palabras, señalando que resultan contradictorias con decisiones que, a su juicio, perjudican a trabajadores públicos ya retirados.

La USdA recuerda asimismo que el Gobierno había asumido compromisos previos para revisar la situación de las jubilaciones entre 2015 y 2023, aunque denuncia que las medidas actuales están generando mayor inseguridad, desigualdad y malestar entre los afectados.

Finalmente, el sindicato afirma que el conflicto ha dejado de ser únicamente administrativo y afecta ya a la “credibilidad política” y al respeto institucional hacia los empleados públicos. 

Por ello, exige una rectificación inmediata, mayor transparencia en los criterios aplicados y una solución “justa” para todos los funcionarios jubilados y prejubilados implicados.