Bonell responde a los propietarios de Sant Joan de Caselles y defiende que «ordenar el territorio no es expropiar»

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha respondido a las críticas surgidas en torno a la delimitación del entorno de protección de Sant Joan de Caselles y ha defendido la actuación del Govern frente a las denuncias de los propietarios de los terrenos afectados.

La reacción de la ministra llega después de que la líder de Andorra Endavant difundiera en sus redes sociales el comunicado de los propietarios, que consideran «desproporcionado» el ámbito de protección aprobado y cuestionan las consecuencias que tendrá sobre sus terrenos.

«No hagamos demagogia con el patrimonio porque nos jugamos un bien que es de todas y todos», ha afirmado Bonell.

Bonell defiende que la protección no perjudica a los propietarios

La titular de Cultura ha reivindicado que la protección de Sant Joan de Caselles constituye una responsabilidad del Govern, pero también del conjunto de la sociedad, y ha rechazado que la delimitación suponga un perjuicio para los derechos de los propietarios de los terrenos colindantes. 

Bonell ha querido diferenciar entre la ordenación del territorio y la expropiación, ante las críticas formuladas por los afectados.

«Tenemos que ser rigurosos: ordenar el territorio, en este caso para proteger el patrimonio, no es expropiar», ha señalado la ministra.

Bonell también ha acusado a quienes cuestionan la medida de generar confusión en torno a las consecuencias de la protección patrimonial. «Jugar a la confusión y con las legítimas aspiraciones de los propietarios es poco responsable», ha advertido.

La ministra apela al diálogo con los propietarios

A pesar del tono crítico de sus declaraciones, Bonell ha defendido la posibilidad de abrir un diálogo con los propietarios para abordar las dudas que ha generado la delimitación.

«De bien seguro que el diálogo con los propietarios permitirá reconducir dudas», ha asegurado la ministra, que ha insistido en que cualquier solución debe situar la conservación patrimonial como prioridad.

Bonell ha reivindicado además el valor de Sant Joan de Caselles, a la que se ha referido como «una de las joyas de nuestro románico», y ha defendido que su protección es una responsabilidad colectiva.

Los propietarios cuestionan 260.000 metros cuadrados de protección

Las declaraciones de la ministra se producen después de que los propietarios de los terrenos afectados difundieran un comunicado en el que cuestionan el alcance de la delimitación aprobada por el Govern.

Según los propietarios, la iglesia de Sant Joan de Caselles ocupa aproximadamente 715 metros cuadrados, mientras que el entorno de protección se extiende por unos 260.000 metros cuadrados. La superficie protegida equivaldría, según sus cálculos, a unas 360 veces el tamaño del edificio.

La zona afectada se extendería, según el comunicado, desde el cuartel de Bomberos hasta el muro de escalada de la Cascada de Moles, a ambos lados de la carretera general, e incluiría también el pueblo de El Vilar.

Los propietarios consideran que la preservación de las vistas del monumento no es suficiente para justificar una delimitación de estas dimensiones y cuestionan los criterios utilizados para establecer los límites.

Denuncian restricciones sobre la propiedad sin compensación

Uno de los principales argumentos de los propietarios es que los terrenos quedan sometidos a nuevas limitaciones de uso sin compensación económica.

La familia considera que una decisión que restringe de forma significativa el derecho de propiedad debería contar con una justificación técnica «rigurosa».

En este sentido, sostienen que el expediente dedica una parte importante a explicar la historia y el valor cultural de Sant Joan de Caselles, pero que no justificaría con el mismo nivel de detalle los límites concretos del entorno protegido.

Los propietarios aseguran que no existen estudios suficientemente detallados sobre las vistas, simulaciones, topografías o alzados que permitan justificar de manera individualizada las fronteras de la zona.

Recuerdan un antiguo proyecto de centro de transferencia de tierras

El comunicado también recupera un antiguo proyecto relacionado con estos mismos terrenos. Según los propietarios, el Govern les propuso hace años instalar un centro de transferencia de tierras.

La propiedad considera contradictorio que el espacio fuese considerado compatible con aquel proyecto y que ahora se limite considerablemente su uso por motivos de protección patrimonial.

Además, aseguran que la finca continúa inmersa en un procedimiento judicial con la Administración relacionado con el incumplimiento de aquel convenio.

Los propietarios también cuestionan algunos de los criterios paisajísticos utilizados para delimitar el entorno. Consideran contradictorio que la preservación de las vistas sea uno de los argumentos principales mientras que dentro del área protegida discurre la carretera general, por la que circulan diariamente cientos de vehículos.

Asimismo, ponen en duda la prohibición de futuras canalizaciones del río cuando, según aseguran, una de sus riberas ya está canalizada.

Críticas al Comú de Canillo por el aparcamiento y el Museo de la Moto

Los propietarios también dirigen sus críticas al Comú de Canillo por varias decisiones relacionadas con los servicios existentes en el entorno de Sant Joan de Caselles.

Según explican, hace aproximadamente un mes la corporación les comunicó la rescisión del contrato del aparcamiento de Sant Joan de Caselles, sin una negociación previa ni una propuesta alternativa.

La familia también recuerda el traslado del Museo de la Moto, que ocupaba los bajos del edificio y que, según los propietarios, permitía ofrecer lavabos públicos a los visitantes.

En su comunicado aseguran que, después del traslado, algunos visitantes no disponen de una alternativa y que es habitual encontrar personas haciendo sus necesidades en los alrededores de la iglesia.

Los propietarios reclaman una mayor implicación de las administraciones

La familia defiende que durante décadas ha mantenido los terrenos en buenas condiciones y que ha asumido tareas de limpieza, desbroce, control de plagas y suministro de agua.

Por este motivo, considera que la protección del patrimonio debería implicar también una mayor participación de las administraciones en el mantenimiento del espacio.

Como ejemplo, aseguran que este mismo invierno no se retiró la nieve de las escaleras de la iglesia, lo que, según sostienen, habría supuesto un riesgo para los visitantes.

Un conflicto entre protección patrimonial y propiedad privada

El conflicto enfrenta así dos posiciones. Por un lado, el Govern defiende la necesidad de garantizar la protección de uno de los principales elementos del patrimonio románico andorrano. Por otro, los propietarios consideran que el alcance de la delimitación es excesivo y que las restricciones derivadas de ella recaen de forma desproporcionada sobre la propiedad privada.

Bonell ha defendido que proteger Sant Joan de Caselles es una responsabilidad colectiva y ha apelado al diálogo para resolver las discrepancias, mientras que los propietarios reclaman que la conservación del patrimonio no se convierta en «una carga exclusiva» para quienes poseen los terrenos afectados.