Ningún conseller sabe a quién ni qué presiones políticas ha denunciado Punjabi
Punjabi criticó que la nueva Ley de protección de datos de 2024 sirvió para “consagrar el control político”
La dimisión de Resma Punjabi como directora de la Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA) ha abierto un terremoto político e institucional.
Punjabi anunció su renuncia en una rueda de prensa en la que denunció el “control político” y las “injerencias” que, según ella, han condicionado su gestión y debilitado la independencia del organismo.
Además, confirmó que ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía para preservar el Estado de derecho y garantizar que las presiones recibidas no queden impunes.
Varios consellers generales, sin embargo, han admitido que desconocen a quién exactamente hace referencia Punjabi ni qué episodios concretos ha denunciado ante la batllía. La incertidumbre planea sobre el Consell General y el Govern, que ven cómo la crisis de la APDA se traslada ahora a la arena política y judicial. “Muchos esperábamos que terminara y renovara como jefa de la Agencia”.
En su comunicado, la exdirectora criticó que la reforma de la Ley cualificada de protección de datos de 2024 sirvió para “consagrar el control político” sobre una institución que debería ser plenamente independiente y advirtió que sin esta autonomía el país pierde credibilidad ante Europa. La salida de Punjabi deja abiertos interrogantes sobre el futuro inmediato de la APDA, su credibilidad institucional y las posibles repercusiones jurídicas de la denuncia.
Según fuentes del Consell, Punjabi ha enviado una carta a la comisión para que el Consell nombre a un jefe en funciones, sin prever los procedimientos habituales. También se alerta de que no dio ningún tipo de aviso, tal como se prevé en una posición de designación política. Ahora, las explicaciones, según ella misma afirmó, “corresponden a quien ha decidido, quien ha actuado y quien lo ha avalado”.
