Desde el anuncio de la ley ómnibus 300 pisos han vuelto al mercado
Este octubre entrará en vigor un nuevo impuesto progresivo sobre los propietarios de pisos vacíos.

El Govern d'Andorra ha informado que, desde el anuncio y la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, cerca de 300 pisos han vuelto al mercado inmobiliario, ya sea en alquiler o en venta.
Se trata, en buena parte, de viviendas que estaban vacías o bien destinadas a usos turísticos, que ahora se han reconvertido a uso residencial.
Estos datos llegan cuatro meses después de que, el pasado mayo, el Ejecutivo anunciara que la nueva normativa empezaba a dar frutos con un centenar de pisos recuperados y la previsión de llegar a un millar de viviendas disponibles antes de final de legislatura.
Una ley ambiciosa y polémica
La Ley Ómnibus, aprobada este 2025, fue presentada por el Gobierno como una respuesta a la falta de vivienda y al encarecimiento del mercado. Incluye medidas para limitar la inversión extranjera, la creación de un impuesto progresivo sobre pisos vacíos —que entrará en vigor este octubre—, la obligación de reconvertir apartamentos turísticos en viviendas residenciales y nuevos recargos sobre plusvalías inmobiliarias.
La norma también ofrece ventajas fiscales a los propietarios que alquilen por debajo de los 9 €/m² o 1.250 €/mes, así como una simplificación de trámites administrativos y una adaptación de la política migratoria.
A pesar de sus objetivos, la ley fue aprobada por mayoría parlamentaria sin contar con el apoyo ni de los colectivos más activos en defensa del derecho a la vivienda, como Habitatge Digne y Gabriel Ubach, ni del sector inmobiliario.
Objetivos a largo plazo
Según el calendario establecido, entre 2028 y 2030 todos los apartamentos turísticos deberán reconvertirse en viviendas de alquiler residencial. Los establecimientos de menos de cuatro estrellas tendrán tiempo hasta 2028, mientras que los de gama alta dispondrán hasta 2030 para adaptarse y recuperar parte de la inversión.
Con estas medidas, el Gobierno espera alcanzar el millar de viviendas disponibles en el mercado antes de finalizar la legislatura y garantizar un crecimiento más sostenible y equilibrado en materia de vivienda.
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