Andorra prepara la descongelación gradual del mercado de alquiler
El Govern prevé llevar el proyecto de ley al Consell General este marzo
El Govern de Andorra aprobará en las próximas semanas un proyecto de ley para la descongelación progresiva del mercado de alquiler, según confirmó el portaveu Guillem Casal en la rueda de prensa posterior al Consell de Ministres.
La medida busca equilibrar los intereses de propietarios e inquilinos y garantizar que los incrementos no repercutan negativamente en la sociedad, donde gran parte de la población vive de alquiler.
Medidas en busca de equilibrio
Casal explicó que “a veces, algunos propietarios dicen que la medida no acaba de gustar y que va demasiado lejos, mientras que otros, o la gran mayoría, están de acuerdo. Lo mismo ocurre en el otro lado: algunos colectivos consideran que la medida no va en su sentido y otros sí la apoyan”.
El portaveu destacó que el Govern persigue siempre el interés general y que el objetivo es encontrar una solución que beneficie a la mayoría de la ciudadanía.
Casal anuncia que la llei de la descongelació dels lloguers s’aprovarà en unes setmanes pic.twitter.com/2o5N1E265T
— La Veu Lliure (@laveulliure) February 25, 2026
¿Cuáles son las medidas?
Según el proyecto, los contratos prorrogados se irán descongelando progresivamente durante cuatro años, con incrementos máximos de hasta el 6% anual más el IPC para los alquileres más bajos (4–5 €/m²).
Los alquileres más altos tendrán aumentos más moderados, de entre 1% y 4% más IPC, aplicables tanto a los inquilinos actuales como a los nuevos. Cada año se desbloqueará aproximadamente un 25% de los contratos, evitando un impacto brusco en los precios.
La ministra de Habitatge i Economia, Conxita Marsol, destacó que la ley pretende una desintervención gradual y garantista, incentivando la renovación de contratos con el mismo inquilino y asegurando que los incrementos sean progresivos y limitados.
El proyecto de ley se presentará oficialmente al Consell General a mediados de marzo, iniciando así el trámite parlamentario que permitirá la implementación de la reforma.