Andorra flexibiliza temporalmente los requisitos lingüísticos para paliar el déficit de medicos

El Consell General ha aprobado la modificación de la ley de 2022 reguladora de las profesiones tituladas del ámbito de la salud, con el objetivo de paliar el déficit de profesionales sanitarios y reforzar la planificación a medio y largo plazo del sistema sanitario.

La ministra de Salud, Helena Mas, ha destacado que “es necesario incorporar medidas para facilitar el acceso y la retención de los profesionales”. 

Mas ha explicado que, para paliar el déficit de personal sanitario, se flexibilizan temporalmente los requisitos de catalán para aquellos profesionales que acrediten diez años de escolarización en Andorra, con la obligación de certificar el conocimiento de la lengua después de dos años, y que se podrá prolongar el permiso de ejercicio en casos de fuerza mayor si el profesional demuestra progresos en el aprendizaje del idioma.

Simplificación de los trámites

También ha resaltado la simplificación de los procedimientos para médicos con titulación homologada en la UE y profesionales temporales, así como la introducción de un informe anual de planificación estratégica sobre recursos humanos en salud.

“A esta legislación le corresponde mejorar el acceso a los servicios de salud, facilitar la planificación de los profesionales sanitarios y dotar al Gobierno de mecanismos flexibles para adaptarse a las necesidades y situaciones que puedan surgir”, ha valorado Mas.

La consejera de Andorra Endavant, Noemí Amador, ha advertido que “está muy bien eliminar este requisito del nivel de catalán para este sector de la sanidad, pero otros sectores, como la construcción, también deberían beneficiarse de la reducción de requisitos”, haciendo un llamado a la igualdad en la aplicación de las normas para todos los sectores con falta de mano de obra cualificada.

La consejera socialdemócrata, Laia Moliné, ha subrayado que la modificación legislativa responde a la necesidad de adaptar la sanidad a una realidad compleja y ha insistido en que “la flexibilización de los requisitos lingüísticos debe ser solo una medida excepcional, limitada en el tiempo y justificada por el interés general”.

Ha remarcado que la confianza ciudadana solo se mantiene si las autorizaciones especiales se basan en criterios claros y objetivos, y con la participación del SAAS y los colegios profesionales. Por su parte, la consejera del grupo Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha señalado que la ley “no debe ser únicamente una norma de urgencia, sino también una oportunidad para planificar a medio y largo plazo”, destacando que el conocimiento del idioma, al menos a nivel B2, debe continuar siendo un requisito firme para el ejercicio médico en el ámbito público, garantizando al mismo tiempo la planificación estratégica de los recursos humanos.

Durante su intervención, el consejero general de Ciutadans Compromesos, Manuel Linares, contextualizó la situación con datos sobre la falta de profesionales sanitarios en Europa y Andorra:

“Según informes citados, en 2022 había un déficit de 1,2 millones de profesionales sanitarios en Europa, y se estima que en 2030 la UE podría enfrentar una falta de 4,1 millones, mientras que a nivel global la cifra podría alcanzar los 11 millones”, explicó Linares. Entre las causas mencionadas destacan el envejecimiento de la población y del colectivo sanitario, las largas jornadas, el ‘burn out’, la carga burocrática, remuneraciones poco competitivas y una planificación insuficiente de plazas universitarias y especialidades. En Andorra, en 2023 se registraban 50 profesionales de atención primaria con convenio con la CASS, pero el 42% combinaba esta actividad con otras tareas, situando la ratio efectiva en unos 49,1 médicos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea.

La ley prevé medidas para atraer y retener profesionales, flexibilizar los requisitos cuando las necesidades lo requiera, facilitar prácticas y estancias formativas, y mejorar aspectos como las voluntades anticipadas, garantizando una atención más humana.

Mas concluyó que el texto proporciona “un equilibrio justo entre la flexibilización de los requisitos exigidos para ejercer en situaciones justificadas de necesidad sectorial y la preservación de otros derechos, como la seguridad de la atención sanitaria y la promoción y protección de nuestra lengua”.