Los andorranos que viven fuera del país deberán pagar el impuesto sobre la inversión extranjera

El presidente de Concòrdia, Cerni Escalé, expresó a La Veu Lliure su preocupación por el tratamiento fiscal que implica la reciente aprobación de la Ley Ómnibus 2, ya que el impuesto sobre la inversión extranjera en Andorra también se aplicará a los ciudadanos andorranos que residen fuera del país.

Escalé considera que esta medida puede dificultar tanto el retorno del talento a Andorra como la atracción de capital al Principado.

Acuerdos de no doble imposición y cláusula residual

Según Escalé, la medida deriva de los acuerdos de no doble imposición que Andorra ha firmado con países como España, Francia y Portugal, que incluyen una cláusula residual. Esta cláusula establece que los impuestos no previstos en el tratado no benefician a los nacionales del otro país, lo que hace que los andorranos en el extranjero estén sujetos a este impuesto.

Países sin convenios y aplicación del impuesto

El presidente de Concòrdia explicó que la mayoría de los países no tienen un acuerdo de no doble imposición con Andorra, y que la Ley Ómnibus 2 aplica el impuesto a los inversores sin considerar su residencia. Señaló que algunos estados, como el Reino Unido, tienen acuerdos sin cláusula residual, donde cada impuesto está claramente delimitado, mientras que la nueva ley grava la inversión de manera general.

Escalé enfatizó que la situación requiere negociaciones inmediatas y específicas para garantizar que los andorranos no sean penalizados injustamente y que las medidas migratorias y restricciones no afecten a quienes contribuyen al desarrollo del país.

Nuevas medidas de la Ley Ómnibus 2

El Consell General aprobó la nueva Ley de continuidad y consolidación de medidas para el crecimiento sostenible, con modificaciones significativas en el régimen de inmigración, afectando especialmente a residentes pasivos y trabajadores por cuenta propia. La ley fue rechazada por PS y Concòrdia.

Uno de los puntos principales establece que el depósito obligatorio de 50.000 euros ante la AFA deja de ser reembolsable y se convierte en aportación definitiva a fondo perdido, incluyendo a los andorranos en el extranjero que deberán pagar el impuesto sobre la inversión extranjera al adquirir residencia.

La normativa endurece los requisitos para autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia, con inversiones mínimas de 50.000 euros, participación mayoritaria en sociedades andorranas y demostración de actividad económica real, exceptuando proyectos de alta tecnología, emprendimiento o economía digital.

La ley regula también las autorizaciones temporales, con prórrogas de hasta 12 meses, obligatoriedad de seguro médico y restricciones para empresas y particulares sancionados por infracciones graves. Se amplían los supuestos de anulación y se refuerza el control sobre trabajadores fronterizos y de corta duración, junto al régimen sancionador con multas elevadas y expedientes individualizados.

Para residentes sin actividad lucrativa, se fija una inversión mínima de 1 millón de euros en activos andorranos o 400.000 € en el Fondo de Vivienda, además de los 50.000 € definitivos al Estado. La ley regula la pernoctación fuera del país y establece tasas administrativas fijas, buscando un modelo migratorio más exigente, ordenado y alineado con el crecimiento sostenible de Andorra.