Andorra aprueba la desintervención progresiva del mercado del alquiler entre 2027 y 2030
El texto, impulsado por los grupos de la mayoría, Demòcrates y Ciutadans Compromesos, ha recibido el apoyo de sus consejeros
El Consell General ha aprobado este jueves el Proyecto de ley de aprobación del régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamiento de vivienda para residencia habitual y permanente para el período 2027-2030.
Una ley que marca el inicio de la desintervención progresiva del mercado del alquiler tras ocho años de medidas extraordinarias destinadas a contener los precios.
El texto, impulsado por los grupos de la mayoría, Demòcrates y Ciutadans Compromesos, ha recibido el respaldo de sus consejeros y contempla una descongelación gradual de los contratos con el objetivo de combinar la recuperación de la normalidad en el mercado con la protección de los inquilinos.
Marsol ha admès que la llei de desintervenció dels lloguers no satisfà les expectatives de cap de les parts implicades a Andorra pic.twitter.com/ONjvX9MyyL
— La Veu Lliure (@laveulliure) June 4, 2026
Durante la defensa de la ley, la consejera general demócrata Berna Coma recordó que la intervención del mercado se aprobó en 2019 en un contexto de elevada tensión inmobiliaria y que, pese a las medidas adoptadas, las dificultades de acceso a la vivienda se han mantenido.
En este sentido, justificó que la desintervención comience a partir de 2027, cuando se prevé que el parque público de viviendas y las diferentes políticas de vivienda impulsadas por el Govern estén plenamente consolidadas.
Una desintervención gradual con límites a los precios
La nueva normativa establece un calendario progresivo que se extenderá hasta 2030. El primer grupo de contratos que dejará de estar sujeto a la prórroga forzosa será el de aquellos firmados en 2012 o con anterioridad, así como los que tengan rentas inferiores a los seis euros por metro cuadrado.
La ley también fija límites a los incrementos de precio e introduce mecanismos para incentivar que los propietarios mantengan a los actuales arrendatarios.
Pere Baró (PS): “El nostre model és clar: s’ha de protegir i per protegir s’ha d’intervenir, s’ha de regular” pic.twitter.com/a5eljDqTH0
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De este modo, en caso de formalizar un nuevo contrato con el mismo inquilino, el precio no podrá superar los topes establecidos por la normativa.
Cerni Escalé (Concòrdia): “Portem 23 sessions parlant d’habitatge al Consell General i la situació només empitjora” pic.twitter.com/SoT9tbwBnR
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Además, los propietarios deberán comunicar cualquier finalización contractual con una antelación mínima de seis meses.
Más garantías para evitar abusos
Uno de los aspectos más destacados de la ley es el refuerzo de los mecanismos de control para evitar prácticas fraudulentas como la denominada “trampa del hijo”, consistente en recuperar una vivienda alegando un uso familiar que posteriormente no llega a producirse.
Montaner (AE) critica la manca de mesures garantistes per la trampa del fill pic.twitter.com/iyixCAXe88
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Por este motivo, la normativa incorpora sanciones, indemnizaciones y medidas de supervisión destinadas a proteger los derechos de los inquilinos.
También contempla algunas excepciones, como los contratos con rentas iguales o superiores a los 2.500 euros mensuales, las viviendas ocupadas por residentes pasivos o los inmuebles que requieran obras estructurales.
Mensaje de tranquilidad a los inquilinos
Desde la mayoría parlamentaria se ha querido trasladar un mensaje de calma ante las inquietudes generadas por el nuevo marco normativo.
Berna Coma subrayó que cualquier comunicación enviada antes de la aprobación de la ley anunciando cambios en las condiciones del alquiler carecerá de validez legal.
La consejera también garantizó que ningún incremento de renta podrá aplicarse fuera de los límites previstos por la ley y aseguró que el Govern realizará un seguimiento de su aplicación para introducir posibles correcciones si se detectan disfunciones o efectos no deseados.
