Andorra presenta el proyecto de ley para desintervenir los alquileres
Se contempla una transición del sistema de prórrogas forzosas vigente desde 2019
El Govern de Andorra ha presentado este miércoles, tras la reunión del Consell de Ministres, el proyecto de ley que busca desintervenir el mercado de alquiler y fomentar la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento.
La ministra de Economía, Presidencia y Vivienda, Conxita Marsol, explicó las líneas generales de la normativa durante la rueda de prensa posterior al encuentro gubernamental.
El Govern presenta el projecte de llei per la desintervenció dels lloguers a Andorra pic.twitter.com/AS1ZpeLS3T
— La Veu Lliure (@laveulliure) March 11, 2026
Según Marsol, “llegados a este punto, tras implementar varias medidas estructurales y considerando el conjunto de políticas públicas adoptadas, es necesario replantear la vigencia de las prórrogas forzosas de todos los contratos de arrendamiento para introducir acciones que flexibilicen el mercado y estimulen la oferta de alquiler”.
El proyecto contempla una transición gradual desde el sistema de prórrogas forzosas vigente desde 2019, con contratos de siete años, hacia el régimen general establecido por la Ley de arrendamientos de fincas urbanas. Los puntos clave de la propuesta incluyen:
Retorno progresivo al régimen general en un periodo de cuatro años.
Limitación de los incrementos de renta en los contratos sujetos a la nueva ley, para garantizar seguridad a los inquilinos.
Además, se establecen cuatro franjas para la liberación gradual de los contratos antiguos:
Contratos firmados antes de 2012 o con un precio inferior a 6 €/m²: liberación en 2027.
Contratos de 2013 a 2015 con precio inferior a 7 €/m²: liberación en 2028.
Contratos de 2016 a 2018 o con precio inferior a 8 €/m²: liberación en 2029.
Contratos de 2019 a 2021: liberación en 2030.
“Con este sistema, se liberará entre un 20 y un 25% de los contratos cada año, asegurando una transición progresiva y estable para el mercado de alquiler”, señaló Marsol.
La ley también establece medidas para que los incrementos de renta sean equitativos y previsibles. “Con un nuevo inquilino no se podrá aplicar un precio distinto al que correspondería al inquilino actual. El propietario podrá firmar un contrato nuevo, ya sea con el inquilino anterior o con otro, pero deberá aplicar los incrementos establecidos por la ley para los cinco años del contrato”, explicó la ministra.
Marsol destacó que el proyecto fue elaborado tras consultar a todas las partes implicadas: propietarios, inquilinos, asociaciones y el Consell Econòmic.
“Hemos valorado muchas opciones y creemos que hemos alcanzado un proyecto equilibrado, que se aplicará de forma progresiva y con garantías, defendiendo el interés general del país”, concluyó.
