Andorra da luz verde a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

El ministro de Finanzas, Ramon Lladós, y el presidente del grupo parlamentario Demócrata, Jordi Jordana, han defendido este jueves en el Consell General la reforma de la Ley 32/2014 de Estabilidad Presupuestaria, con el objetivo de adaptarla a las necesidades reales del país y a los nuevos parámetros económicos.

Según Lladós, la ley vigente “ha demostrado ser eficaz en su aplicación y ha permitido cumplir sus objetivos”, incluida la gestión de emergencias como la crisis sanitaria de la Covid-19. Sin embargo, ha subrayado la necesidad de introducir ajustes que permitan compatibilizar el rigor fiscal con la realidad de las finanzas públicas actuales.

La reforma, aprobada finalmente con 8 abstenciones de la mayoría, modifica cinco artículos clave:

• Artículo 12: Permite superar puntualmente el límite máximo de endeudamiento cuando la nueva deuda se utiliza exclusivamente para amortizar deuda anterior, con una reducción progresiva de la ratio de endeudamiento del 40% actual al 25% en 2045.

• Artículo 15: Introduce flexibilización del déficit máximo del 1% del PIB en situaciones de recesión técnica, condicionada a la existencia de superávits de caja acumulados.

• Artículo 16: Establece un nivel mínimo obligatorio de inversión real, garantizando los objetivos de la ley sin depender de estimaciones macroeconómicas.

• Artículo 19: Aclara el cálculo del 0,50% del presupuesto destinado a la cuenta de compensación, excluyendo determinadas variaciones de activos y pasivos financieros.

• Artículo 20: Suprime el límite numérico del peso de la imposición directa e introduce una obligación de transparencia, que exige informes de impacto fiscal para todas las iniciativas tributarias.

Según Jordana, estas medidas permitirán al Consejo General disponer de información estadística y de impacto antes de debatir cualquier norma tributaria, mejorando la toma de decisiones.

El Gobierno considera la reforma “adecuada y oportuna”, ya que permite corregir incumplimientos detectados en informes del Tribunal de Cuentas. La proposición presentada por el grupo de Concòrdia limita las modificaciones a los artículos 16 y 20, con una disposición transitoria de gradualidad. Lladós ha advertido que tramitar dos reformas paralelas podría alargar innecesariamente el proceso legislativo.

Concòrdia ha defendido su propuesta como una vía para corregir incumplimientos reiterados y adaptar la ley a la realidad presupuestaria actual, especialmente en relación con el gasto corriente y la fiscalidad. La parlamentaria Maria Àngels Aché ha propuesto sustituir el límite de crecimiento del gasto vinculado al PIB por un criterio de proporcionalidad entre gastos corrientes y de capital, mientras que defiende eliminar el límite del 40% en imposición directa, considerado de difícil cumplimiento.

Por su parte, Andorra Endavant ha mostrado voluntad de apoyar la tramitación de las dos iniciativas para debatirlas en comisión, defendiendo una política de contención y responsabilidad: “Hay que gastar solo lo que se tiene y endeudarse únicamente para invertir”, ha subrayado la presidenta del grupo, Carine Montaner. También han resaltado la importancia de mantener una baja presión fiscal como factor de competitividad.

El grupo parlamentario Socialdemócrata ha criticado que la modificación de la ley sin un ajuste fiscal integral podría perpetuar un modelo desequilibrado. El portavoz, Pere Baró, ha destacado que el PIB no es un indicador fiable para fijar límites de gasto corriente. En respuesta, el presidente del grupo Ciudadans Compromesos, Carles Naudi, ha defendido la ley de 2014: “Ha dado muy buenos resultados a lo largo de los 11 años de vigencia”.

La tramitación de esta reforma marca un paso importante para ajustar la estabilidad presupuestaria a la realidad económica y garantizar la transparencia y eficacia de las políticas públicas en Andorra.