“Hay gente opinando que se cree andorrana y su apellido es Oliveira”

El presidente de la asociación de peruanos en Andorra, Lorenzo Castillo, ha defendido la necesidad de una aplicación estricta de la Constitución andorrana y de los tratados internacionales en el debate sobre inmigración, reagrupación familiar y derechos fundamentales.

En declaraciones a La Veu Lliure, Castillo aseguró que el problema no reside en la falta de una normativa más clara ni en una supuesta desprotección jurídica, sino en la correcta aplicación del Estado de derecho.

Según explicó, la Constitución debe ser la norma suprema del Estado y de todas las actuaciones públicas, citando especialmente el artículo 3 como principio fundamental del sistema institucional andorrano. 

También hizo referencia al artículo 5, relativo a la aceptación de los derechos humanos, así como al artículo 6, que recoge el principio de no discriminación.

Castillo puso un énfasis especial en el artículo 13, dedicado a la protección de la familia, y advirtió de que cualquier decisión administrativa que afecte a la unidad familiar —incluyendo procesos de reagrupación o eventuales expulsiones— debe estar estrictamente alineada con este principio constitucional.

En este sentido, afirmó que “cuando se toman decisiones que pueden fragmentar familias o dificultar su unidad, se estaría vulnerando este marco constitucional”, e insistió en que toda normativa debe estar subordinada al texto constitucional y a los convenios internacionales firmados por Andorra, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Llamamiento a la libertad de expresión y denuncia de discriminación

Castillo también apeló al artículo 12 de la Constitución andorrana, relativo a la libertad de expresión, para defender el derecho a expresar opiniones sobre el modelo migratorio y el debate público en torno a la integración.

Al mismo tiempo, denunció que determinadas opiniones públicas podrían estar derivando en situaciones de discriminación o estigmatización, especialmente cuando se cuestiona la legitimidad de determinados colectivos o procedencias.

En este contexto, afirmó que “hay personas que opinan creyéndose andorranas”, y puso como ejemplo el uso de determinados apellidos como Oliveira en el debate social. Según su interpretación, esto reflejaría una confusión sobre la realidad migratoria del país y la diversidad de orígenes de la población residente.

Castillo remarcó que Andorra es una sociedad formada históricamente por la inmigración y que “todo el mundo, de una forma u otra, tiene un origen migratorio”, motivo por el cual considera esencial reforzar la protección de la familia y evitar discursos que puedan derivar en discriminación.

Debate abierto sobre inmigración y cohesión social

Sus declaraciones se enmarcan en un debate recurrente en el Principado sobre la gestión de la inmigración, el reagrupamiento familiar y los límites entre la regulación administrativa y la protección de los derechos fundamentales.