Los cònsols reclaman unidad en el urbanismo y herramientas para gestionar la construcción y los infractores

Los siete cònsols de Andorra han comparecido este martes de manera conjunta ante la comisión parlamentaria para presentar una posición común sobre la futura Ley del Suelo, conocida popularmente así, y reivindicar el papel central de los comunes en la ordenación urbanística del país. La comparecencia, coordinada por el cònsol mayor de Canillo, Jordi Alcobé, ha servido para poner de relieve la necesidad de una visión unitaria en el desarrollo urbanístico, así como para reclamar herramientas legales para gestionar a los infractores y las zonas saturadas.

Una voz común y experiencia acumulada

Alcobé ha subrayado que los comunes actúan con “una sola voz” y que, aunque hasta ahora han comparecido entidades, asociaciones y diversas personalidades, “todas ellas muy legítimas, necesarias y oportunas”, son los comunes quienes tienen competencia directa y experiencia en urbanismo. Hace más de 25 años que los comunes asumen responsabilidades como el otorgamiento y la suspensión de licencias, lo que los sitúa en una posición clave para dirigir el crecimiento urbanístico del país.

El cònsol ha destacado que la comparecencia no debe interpretarse en clave parroquial: “Hoy no comparece el cònsol de Canillo, ni el de La Massana, ni el de Ordino. Hoy comparecen los siete cònsols en un proyecto común”, enfatizando la importancia de presentar un modelo urbanístico coordinado y armonizado.

Alcobé también ha agradecido especialmente el trabajo de la cònsol mayor de Encamp, que “durante casi dos noches” coordinó la documentación para unificar la presentación, una tarea compleja teniendo en cuenta las agendas de los siete cònsols.

Crecimiento urbanístico e impacto económico

Según Alcobé, el crecimiento urbanístico es una consecuencia del dinamismo económico y social, no al revés. “No debemos confundir el carro con los bueyes”, afirmó. La llegada de nuevos residentes, el aumento de trabajadores y la apertura de nuevos comercios y negocios genera la necesidad de más viviendas y espacios comerciales, con un triple impacto: social, turístico y territorial.

El cònsol recordó que todos los actores del país —tanto los que generan demanda como los que regulan la oferta— forman parte del mismo ecosistema, y defendió la importancia de coordinar Gobierno y comunes, teniendo en cuenta las competencias establecidas por la Constitución de 1993, la Ley de Competencias y la Ley General de Urbanismo de 2000.

El efecto moratoria y la evolución de los planes urbanísticos

Alcobé recordó que la moratoria del 23 de mayo de 2003 tuvo un efecto comparable al confinamiento de marzo de 2020, generando un período de incertidumbre que llevó a muchos propietarios a presentar proyectos que después no se ejecutaron. Entre 2002 y 2004, y años posteriores, este efecto se vio claramente, con una gran cantidad de proyectos autorizados pero no construidos.

Después de la moratoria, hubo unos 14 años de estabilización, incluyendo la crisis del 2008-2012, con pocos proyectos nuevos, mayoritariamente simbólicos. Durante este período, los comunes aprobaron sus planes urbanísticos (POUP), con la primera revisión a partir de la recuperación económica y algunas segundas revisiones en curso, como en Ordino, Andorra-la-Vella, Sant Julià o Escaldes-Engordany. La Massana ha adaptado su plan con un nuevo sistema de aguas de construcción, teniendo en cuenta el crecimiento real de la parroquia.

Según Alcobé, estas revisiones han permitido a los comunes anticiparse al incremento de la demanda de construcción, evitando picos descontrolados de superficie autorizada. Sin estas medidas, el crecimiento habría sido aún más pronunciado.

En cuanto a la distribución por parroquias, en los últimos 25-30 años, Andorra la Vella y Escaldes concentran alrededor del 40% de la superficie autorizada, mientras que el resto oscila entre un 8% y un 16%, con Canillo pasando del 23% al 7% actualmente.

Herramientas para gestionar la construcción y los infractores

Alcobé concluyó que la Ley del Suelo ha proporcionado a los comunes herramientas para aplicar políticas que restringen zonas saturadas o muy protegidas y para actuar frente a infractores urbanísticos, contribuyendo a un crecimiento equilibrado y sostenible del país.

En esta línea, la cònsol mayor de La Massana, Eva Sansa, explicó que han desarrollado un sistema de cuotas urbanísticas para limitar la construcción en momentos de alta actividad, aunque la ley no lo preveía expresamente. Sansa afirmó que este mecanismo sería útil de cara al futuro para gestionar mejor la presión constructiva y garantizar un modelo urbanístico sostenible.