Pallarés expone que los impagos de pensiones alimentarias agravan la dependencia de ayudas
El Institut Andorrà de les Dones alerta de que los retrasos en los pagos contribuyen a cronificar situaciones de vulnerabilidad
Los impagos de pensiones alimentarias son uno de los factores que contribuyen a aumentar y prolongar la dependencia de ayudas sociales en Andorra.
Así lo ha expuesto la secretaria general del Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, que alerta de que estas situaciones acaban generando una vulnerabilidad sostenida, especialmente en familias monoparentales encabezadas por mujeres.
Pallarés ha explicado que, aunque existen mecanismos legales como los embargos y un endurecimiento progresivo de la normativa, los procesos judiciales suelen ser lentos y esto provoca periodos en los que las familias se ven obligadas a recurrir a prestaciones públicas para poder cubrir sus necesidades básicas.
En este sentido, ha remarcado que estos retrasos pueden convertir situaciones inicialmente puntuales en procesos de dependencia económica prolongada, que se alargan en el tiempo y dificultan la estabilidad financiera de los hogares afectados.
“Suele ocurrir que, cuando se consigue que el progenitor acabe pagando, han pasado meses en los que estas familias han tenido que pedir apoyo”, ha apuntado.
La responsable del Institut Andorrà de les Dones también ha situado esta problemática dentro de un contexto más amplio de desigualdad estructural, en el que la monoparentalidad y las dificultades en el cobro efectivo de pensiones alimentarias se combinan con otros factores de vulnerabilidad económica.
Según Pallarés, esta realidad contribuye a cronificar situaciones de precariedad que afectan especialmente a las mujeres y sus familias, consolidando así la necesidad de ayudas sociales como soporte continuado.
Impacto en la vulnerabilidad social y respuesta institucional
La combinación de retrasos judiciales, impagos reiterados y situaciones familiares complejas ha llevado a que los servicios sociales tengan que intervenir durante periodos más largos de lo inicialmente previsto. Esto implica una mayor presión sobre los recursos públicos y una necesidad creciente de coordinación entre departamentos.
Desde el ámbito institucional se insiste en que la mejora de los mecanismos de cobro efectivo de las pensiones alimentarias es clave para reducir la dependencia estructural de ayudas sociales y evitar que situaciones puntuales se conviertan en cronificaciones de la vulnerabilidad.
Aumento de casos de violencia de género y presión sobre el sistema
El departament d’Igualtat ha registrado 54 nuevos casos de violencia de género desde el inicio de 2026, una cifra que continúa creciendo si se suman los casos reabiertos y los que siguen activos de años anteriores. Según el servicio, esta evolución refleja tanto una mayor detección como una consolidación del sistema de atención.
Desde el departamento se señala que los llamados “casos retorno” —que habían sido cerrados en ejercicios previos y vuelven a activarse—, así como los casos de prevalencia —que se mantienen abiertos en el tiempo—, explican parte de este incremento y la creciente complejidad de la gestión.
Una de las tendencias más destacadas es el aumento de las mujeres que contactan directamente con el servicio, que ya representan el 60% de los casos atendidos.
Desde Igualtat se atribuye este incremento a la mayor visibilización del servicio y a su uso a través de canales diversos como el teléfono, el correo electrónico o WhatsApp.
La secretaria de Igualtat, Mireia Porras, ha señalado en RTVA que este aumento de demanda pone en evidencia la consolidación del servicio, pero también la presión creciente sobre los equipos profesionales.
En este sentido, el departamento alerta de que “faltan recursos humanos” para poder asumir todas las necesidades derivadas de las políticas de igualdad, los programas en marcha y las obligaciones internacionales.
