Andorra recauda más de los inversores extranjeros, las empresas y las rentas más altas

La presión fiscal de Andorra se situó en el 28,4% en 2025, según los datos presentados por el ministro de Finanzas, Ramon Lladós. La cifra representa un aumento de nueve décimas respecto a 2024, cuando la presión fiscal se situó en el 27,5%.

Pese a este incremento, Lladós ha querido dejar claro que la subida no se debe a un aumento general de los tipos impositivos. El ministro ha remarcado que no se han modificado los tipos de los principales impuestos del país, como el IRPF, el impuesto de sociedades o el IGI.

La presión fiscal no mide únicamente los impuestos que pagan ciudadanos y empresas, sino que incluye los tributos del Gobierno, los impuestos comunales y las cotizaciones a la CASS en relación con el producto interior bruto (PIB). 

Es decir, refleja qué parte de la riqueza generada en el país se canaliza a través de impuestos y cotizaciones sociales.

Tres factores explican el aumento de la presión fiscal

Según el ministro de Finanzas, el incremento responde principalmente a tres factores.

El primero es el aumento de la recaudación vinculada al mercado inmobiliario. En este ámbito destaca especialmente el impuesto sobre la inversión extranjera en inmuebles, que ha recaudado casi un 40% más que en 2024.

A este incremento se suma una mayor presión fiscal sobre las compraventas de inmuebles a corto plazo. El sistema establece una tributación más elevada cuanto menos tiempo ha pasado desde la adquisición del inmueble, con una reducción progresiva del gravamen hasta el décimo año. En el caso de los no residentes, esta tributación se mantiene.

El segundo factor es el aumento de la recaudación del impuesto de sociedades. En 2025 se ha reflejado por primera vez plenamente la modificación introducida al final de la anterior legislatura, que establece que todas las empresas deben tributar por un mínimo del 3% de sus beneficios.

Lladós ha explicado que esta modificación no implica necesariamente que las empresas terminen pagando más impuestos a largo plazo, sino que modifica la forma en que se distribuye la tributación en el tiempo y limita determinadas deducciones.

El tercer factor es el aumento de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), especialmente entre las rentas más elevadas. 

El ministro ha señalado que el incremento más importante procede de las personas con ingresos superiores a 200.000 euros anuales, un grupo que representa aproximadamente el 3% de quienes presentan la declaración del IRPF.

Lladós defiende una fiscalidad «dirigida»

El ministro de Finanzas ha defendido que el aumento de la presión fiscal no afecta de la misma manera a toda la población. 

Según Lladós, la mayoría de los ciudadanos no ha sufrido un impacto significativo por este incremento si no son inversores extranjeros, no compran y venden inmuebles en periodos cortos de tiempo y no disponen de rentas especialmente elevadas.

En este sentido, ha defendido una fiscalidad más centrada en determinados sectores y perfiles económicos. «No han subido los tipos impositivos de los principales impuestos», ha insistido, en referencia al IRPF, el impuesto de sociedades y el IGI.

Lladós considera que este tipo de recaudación es positivo porque permite obtener más recursos para financiar servicios públicos e inversiones. También ha defendido que Andorra continúa teniendo una presión fiscal inferior a la de países vecinos como Francia y España.

El Gobierno admite que la presión fiscal podría seguir aumentando

De cara al futuro, el ministro ha reconocido que la presión fiscal podría volver a aumentar, aunque considera que probablemente no lo hará al mismo ritmo que durante los últimos años.

Lladós ha apuntado que el aumento de la recaudación seguirá estando vinculado, sobre todo, a las actividades que más crecen en relación con el conjunto de la economía, como el sector inmobiliario y las rentas más elevadas. En cambio, considera que el efecto de la modificación del impuesto de sociedades ya no debería tener el mismo impacto en los próximos ejercicios.

El ministro ha defendido que el objetivo del Gobierno no es alcanzar una presión fiscal concreta del 28%, sino aplicar los impuestos en aquellas operaciones y actividades que se considera que tienen una mayor capacidad de contribuir.

En este sentido, ha defendido especialmente la fiscalidad sobre los inmuebles de los no residentes, las plusvalías generadas por las compraventas a corto plazo y las rentas más altas. 

Finalmente, Lladós ha asegurado que el impuesto sobre la inversión extranjera tiene, además de una función recaudatoria, un objetivo disuasorio, y ha considerado que la recaudación obtenida demuestra que la medida está dando resultados.