El TC mantiene la prisión provisional de un residente acusado de contrabando de relojes de lujo

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso presentado por un hombre condenado por agresiones y acoso sexuales, así como por intrusismo, y ha confirmado íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

Según informa RTVA, la condena incluye una pena de 10 meses de prisión, de los cuales seis son de cumplimiento efectivo, además de la expulsión del país durante siete años.

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando el acusado fue condenado en un juicio rápido tras reconocer su responsabilidad penal. 

Meses después, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que durante el procedimiento judicial no se tuvo suficientemente en cuenta su estado psíquico, ni su capacidad real para comprender los hechos, las consecuencias jurídicas y las acusaciones formuladas contra él.

En el recurso, la defensa sostenía que la Sala se había limitado a constatar que el abogado no había solicitado medidas de apoyo específicas durante la vista oral.

Asimismo, reprochaba que la médica forense no hubiera detallado qué tipo de apoyos necesitaba el acusado, argumentando que disponer de “capacidad para declarar” no implica necesariamente una toma de decisiones propia e informada.

La defensa también defendía que correspondía al batlle verificar de forma expresa la comprensión del acusado, teniendo en cuenta que un informe de la CONAVA acreditaba una discapacidad del 53 %.

No obstante, el TC concluye que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, ni se ha producido ninguna actuación arbitraria durante el procedimiento judicial, y valida plenamente la actuación de los órganos judiciales inferiores.

Caso de contrabando de relojes de alta gama

En otra resolución, el mismo Tribunal Constitucional ha confirmado la prisión provisional de un residente acusado de contrabando de relojes de lujo.

El hombre permanece ingresado en el centro penitenciario desde el mes de octubre, mientras se investiga una presunta simulación de operaciones comerciales en el Principado, ya que, según la investigación, los relojes se comercializaban en realidad fuera del país.

El caso salió a la luz el pasado mes de septiembre, cuando el acusado fue interceptado en la aduana con dos relojes valorados en más de 100.000 euros que no habían sido declarados.

El Tribunal Constitucional considera que se mantienen los requisitos legales necesarios para justificar la medida cautelar de prisión provisional.