El Tribunal Constitucional desestima el recurso contra la quiebra de Assegurances Generals y Carlemany
Los recurrentes alegaban presuntas vulneraciones de derechos fundamentales
El Tribunal Constitucional ha desestimado recientemente el recurso de amparo interpuesto contra las resoluciones del 6 y 16 de octubre de 2025 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, vinculadas con el procedimiento de cesación de pagos y quiebra de las sociedades Assegurances Generals, SA y Carlemany, SA.
Los recurrentes alegaban presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un proceso debido, a la jurisdicción y a la defensa, así como la violación de los principios de contradicción e igualdad de armas.
Además, solicitaban la suspensión de una subasta inmobiliaria programada para el 28 de octubre de 2025, argumentando que la venta podría causar perjuicios de difícil reparación.
El Tribunal Constitucional considera interlocutoria la decisión sobre el administrador judicial
Según la sentencia del Tribunal Constitucional, la resolución que nombraba a un segundo administrador judicial en el procedimiento de quiebra no constituye una resolución firme ni definitiva, sino una decisión interlocutoria.
Por lo tanto, el recurso de amparo presentado no podía ser admitido con efectos suspensivos inmediatos. La desestimación implica que los recurrentes deben asumir las costas procesales derivadas del procedimiento.
El órgano constitucional ha subrayado que las posibles vulneraciones de derechos durante el procedimiento concursal podrán reclamarse una vez se dicte la resolución definitiva, manteniendo la jurisdicción ordinaria como vía adecuada para examinar estos agravios. Esto deja claro que la supervisión constitucional no actúa como tercera instancia, sino que revisa únicamente que las decisiones judiciales respeten los derechos fundamentales y estén debidamente motivadas.
Contexto económico y judicial: más de 500 acreedores afectados
El procedimiento de cesación de pagos de Assegurances Generals, SA y Carlemany, SA fue comunicado en una asamblea de acreedores celebrada en marzo de 2025 en la Sala Magna de la Seu de la Justícia. En esta reunión, se informó que la quiebra supera los 80 millones de euros en créditos declarados y aceptados, de los cuales se podrían recuperar aproximadamente 49 millones de euros mediante subastas y liquidación de activos.
Los administradores concursales detallaron que los activos disponibles incluyen propiedades, inversiones financieras y cuentas bancarias, aunque la liquidación se ve limitada por una situación de déficit que complica la recuperación total de los créditos. El proceso afecta a más de 500 personas y empresas, e incluye múltiples procedimientos judiciales en Andorra, España y Luxemburgo, con embargos y acciones legales en curso.