La UDEF investiga una posible comisión relacionada con Zapatero en el caso Plus Ultra

El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra ha sido objeto de investigación por posibles irregularidades

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por el autor La Veu Lliure
2 minutos de lectura
Publicado el Martes, 26 Mayo 2026 - 13:35

El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas ha vuelto a situarse bajo la lupa judicial tras la aparición de un documento considerado “prueba clave” en el sumario del caso. 

Según información publicada por EL MUNDO, la investigación apunta a una posible comisión del 1%, equivalente a unos 530.000 euros, vinculada a la operación.

Un contrato bajo investigación con una comisión del 1%

El documento, fechado el 19 de enero de 2021, ha sido intervenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y figura como un “contrato de prestación de servicios profesionales” entre el presidente de la compañía y el empresario Julio Martínez.

En dicho contrato se establece una remuneración del 1% del rescate concedido por la SEPI, lo que supondría unos 530.000 euros dentro de la operación de 53 millones de euros.

Según la investigación, esta comisión podría haberse canalizado a través de una estructura societaria en el extranjero, con el objetivo de gestionar el cobro de forma opaca. 

El documento también describe al empresario como especialista en “asesoramiento, consultoría y búsqueda de financiación pública y privada”, y recoge que habría participado previamente en la preparación de la solicitud de ayudas públicas.

La UDEF considera que este esquema podría encajar en una posible operativa de intermediación dentro del proceso de concesión del rescate.

El rescate de Plus Ultra, bajo análisis judicial

El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas sigue siendo objeto de investigación por posibles irregularidades en su aprobación. 

Según el sumario, habrían existido comunicaciones previas entre los implicados que apuntarían a un conocimiento anticipado de la decisión.

La investigación también recoge la existencia de reuniones y contactos entre directivos de la aerolínea e intermediarios vinculados al proceso.

Cuando se hizo público el contrato, la compañía negó que hubiera llegado a ejecutarse, aunque el documento incluye firmas y sello corporativo.

El caso continúa bajo investigación judicial y, por el momento, no se han determinado responsabilidades penales.

 

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