Andorra deniega autorizaciones a empresarios cuya actividad tenga un bajo impacto en la economía

El Gobierno de Andorra ha comenzado a denegar autorizaciones de inversión extranjera a empresarios cuyos proyectos presentan un escaso impacto en la economía real del Principado, según han confirmado documentos oficiales a los que ha tenido acceso La Veu Lliure, medio de referencia en Andorra. Esta medida genera incertidumbre jurídica y podría afectar la llegada de capital extranjero al país.

Nueva política de inversión: impacto directo en la economía real

El Decreto 137/2025 establece que, de acuerdo con la Ley de Crecimiento Sostenible y Derecho a la Vivienda (Ley Ómnibus), la Ley del Impuesto a la Inversión Extranjera Inmobiliaria y el Reglamento de Inversión Extranjera, se rechazan solicitudes de inversión extranjera que no generen un impacto activo en la economía real de Andorra.

El documento recuerda que los empresarios afectados pueden presentar un recurso en un plazo máximo de un mes desde la notificación, conforme al artículo 129 del Código de la Administración. La resolución está firmada por Conxita Marsol, Ministra de Trabajo, Vivienda, Economía y Vicepresidencia del Gobierno.

Motivos de la denegación: protección del interés general

El Gobierno de Andorra argumenta que las inversiones sin impacto directo en la economía real pueden afectar la soberanía nacional, la seguridad y orden público, la estabilidad económica y el interés general del Principado.

Incluso cuando un proyecto podría generar ingresos fiscales significativos y contribuciones a la CASS, el Ejecutivo puede rechazarlo si no produce actividad económica directa en el país. Esto genera dudas sobre la coherencia del criterio y plantea interrogantes sobre la exclusión de proyectos que fortalecen las finanzas y seguridad social de Andorra.

Inseguridad jurídica y menor entrada de capital

Expertos en economía alertan que esta nueva interpretación de los requisitos de inversión puede ralentizar la entrada de capital extranjero y generar inseguridad jurídica entre empresarios e inversores. 

La discrecionalidad administrativa podría complicar la planificación de proyectos y afectar la confianza de quienes buscan oportunidades de negocio en el Principado.

En resumen, la aplicación del nuevo criterio que exige un impacto directo en la economía real marca un antes y un después en la política de inversión extranjera de Andorra, priorizando la protección del tejido económico nacional, aunque al mismo tiempo aumenta la incertidumbre para los empresarios e inversores internacionales.