Andorra impulsa una nueva ley para modernizar la gestión del personal del Consejo Superior de la Justicia

El Gobierno de Andorra ha aprobado el Proyecto de Ley del Personal del Consejo Superior de la Justicia (CSJ), una reforma con la que pretende modernizar la gestión de los recursos humanos y del presupuesto del órgano de gobierno judicial. 

El nuevo texto también introduce modificaciones en diversas normas que regulan el funcionamiento de la Justicia con el objetivo de reforzar la eficiencia, la seguridad jurídica y la autonomía organizativa del sistema.

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha presentado este lunes las principales líneas de la iniciativa legislativa, que además contempla cambios en la Ley de la Función Pública, la Ley Cualificada de la Justicia y la Ley del Ministerio Fiscal, con el fin de adaptar la normativa a las necesidades actuales de la administración judicial.

Un régimen específico para el personal del Consejo Superior 

Uno de los principales objetivos de la reforma es diferenciar claramente el régimen jurídico del personal que presta servicio en la Administración de Justicia del correspondiente al Consejo Superior de la Justicia.

De este modo, mientras que los trabajadores de la Administración de Justicia seguirán rigiéndose por la Ley de la Función Pública.

Aunque con determinadas particularidades, el personal del CSJ contará con un estatuto propio, adaptado a las funciones y responsabilidades específicas que desempeña dentro del órgano de gobierno del poder judicial.

Según ha explicado Molné, esta separación permitirá delimitar con mayor precisión las competencias de cada organismo, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos. 

Asimismo, el proyecto contempla la derogación de la Ley de la Función Pública de la Administración de Justicia, una normativa vigente desde hace más de veinte años que el Ejecutivo considera ya obsoleta y desfasada.

Cambios en la gestión del presupuesto

La reforma también incorpora un nuevo modelo de gestión presupuestaria. A partir de ahora, tanto el Consejo Superior de la Justicia como el Ministerio de Justicia e Interior administrarán directamente la parte del presupuesto cuya elaboración les corresponda.

Con esta medida, el Gobierno pretende delimitar mejor las responsabilidades de cada institución, agilizar los procedimientos administrativos y dotar de una mayor autonomía a los órganos implicados en la gestión de sus recursos.

Actualización de la normativa judicial

El proyecto de ley también introduce diversas modificaciones en la Ley Cualificada de la Justicia, incorporando disposiciones que todavía permanecían recogidas en la Ley Transitoria de Procedimientos Judiciales, que quedará definitivamente derogada una vez entre en vigor la nueva normativa.

Entre las novedades se encuentran la actualización de las reglas relativas al procedimiento urgente y preferente, la nulidad y el incidente de nulidad, así como la regulación de la acción para el reconocimiento del error judicial, con el objetivo de ofrecer un marco legal más claro y coherente.

Además, la reforma introduce mejoras en la regulación de la movilidad de jueces, magistrados y fiscales, al tiempo que actualiza el procedimiento de promoción a la categoría de magistrado para adaptarlo a las necesidades actuales del sistema judicial.

Un marco legal más moderno y adaptado a los estándares europeos

El nuevo texto legislativo está compuesto por 15 capítulos y 104 artículos, y establece un marco normativo más moderno, estable y adaptado a la realidad actual de la Justicia andorrana.

Según el Gobierno, la reforma permitirá garantizar los derechos del personal, mejorar la organización interna de las instituciones judiciales, reforzar la coherencia del ordenamiento jurídico y avanzar hacia un modelo alineado con los estándares europeos e internacionales en materia de administración de justicia.