Baró pide una ley que distinga a los grandes tenedores de los propietarios corrientes

El conseller general del Partido Socialdemócrata (PS) y presidente de la formación, Pere Baró, ha reclamado la necesidad de una ley que diferencie a los grandes tenedores de vivienda de los propietarios corrientes, con el objetivo de regular el mercado inmobiliario y garantizar precios asequibles. 

Así lo ha expuesto en declaraciones recogidas por RTVA, a raíz de los últimos datos publicados por el Departamento de Estadística.

En este contexto, el PS ha presentado este jueves en el Consell General una pregunta por escrito dirigida al Gobierno para conocer qué tipo de residentes compran vivienda en Andorra, cuántos años llevan viviendo en el país y qué tipo de residencia tienen. 

Diferenciación entre perfiles de residentes

Según Baró, no se puede equiparar el perfil de los residentes que vienen a trabajar e integrarse en el país con el de aquellos que utilizan Andorra como "refugio fiscal".

“Qué tipo de residentes son, cuántos años llevan en el país y qué tipo de residencia tienen. No es lo mismo alguien que venga a trabajar y a hacer grande Andorra, que son los residentes que nosotros defendemos, que los residentes que vengan a Andorra para utilizar el país como refugio fiscal”, ha afirmado Baró a RTVA.

El dirigente socialdemócrata también ha señalado que el aumento de compras de vivienda por parte de no residentes, tanto en número como en valor, pone de manifiesto el fracaso del impuesto a la inversión extranjera.

“La compra por parte de no residentes aumenta tanto en número como en valor y esto es consecuencia clara de la falta de funcionamiento del impuesto a la inversión extranjera. Debería ser totalmente disuasorio y lo único que es, es recaudatorio”, ha denunciado.

Desde el PS insisten en que es necesaria una regulación del precio de la vivienda y un trato fiscal diferenciado en función del número de propiedades y del uso que se haga de ellas. 

¿Más carga impositiva?

Baró defiende medidas que incentiven fiscalmente a aquellos propietarios que ofrecen viviendas a precios asequibles, y que penalicen a quienes especulan.

“No podemos tratar igual a alguien que tenga una sola vivienda y la ponga a un precio asequible, que a alguien que tiene 35. Son necesarias medidas fiscales para quien lo hace bien y, evidentemente, gravar fiscalmente a quien fija precios desorbitados”, ha concluido.