Hernando (PP) vincula a Sandro Rosell, Dolset y Villalobos con las “cloacas del PSOE” y la BPA
El político popular defiende que existiría una red previa de relaciones personales surgida en el contexto penitenciario
El miembro del Partido Popular Rafael Hernando ha realizado declaraciones en las que ha relacionado a varias figuras públicas con supuestas redes de influencia y colaboración político-judicial, tras el registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede socialista de Ferraz por el 'Caso Koldo'.
Según Hernando, “todos se conocieron en prisión”, en referencia al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, al empresario Javier Pérez Dolset y al exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Estas afirmaciones forman parte de su interpretación política de una serie de contactos personales y judiciales entre los implicados.
El político popular sostuvo que estos vínculos habrían derivado en una red de colaboración que él describe como “la cloaca”, un término habitual en el debate político español para referirse a supuestas operaciones de guerra sucia o estrategias de influencia, aunque sin una confirmación judicial en esos términos.
Todos se conocieron en prisión. Rossell, Pérez Dolset, incluso el venezolano Nervis Villalobos, con dinero blanqueado en la Banca Privada de Andorra como Pujol
Conspiraron con la Cloaca y los trajeron al Congreso como testigos de cargo contra PP, fiscales, jueces y policía🤮 pic.twitter.com/51b4Lo6Kqh— Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) May 29, 2026
Acusaciones políticas y contexto judicial
Hernando añadió que estas personas habrían tenido conexiones con investigaciones financieras y judiciales anteriores, incluyendo referencias a la Banca Privada de Andorra y a otros casos mediáticos relacionados con movimientos de capital y causas de corrupción.
En su intervención también comparó algunas de estas situaciones con las del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, aludiendo a investigaciones históricas sobre su entorno familiar y patrimonial.
Asimismo, el dirigente popular afirmó que estos actores habrían sido utilizados como testigos o colaboradores en procedimientos dirigidos contra representantes del Partido Popular, fiscales, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad. Estas declaraciones forman parte del discurso político en un contexto de alta confrontación institucional.
En el contexto del caso BPA y las controversias posteriores, ha cobrado relevancia política la intervención del senador estadounidense Bill Hagerty, aliado del presidente Donald Trump, que ha subrayado la necesidad de investigar si el FinCEN se utilizó exclusivamente con fines de lucha contra la criminalidad financiera o si podría haberse empleado para otros propósitos distintos de su función original.
Trump investiga si se hizo un mal uso del FinCEN y penas mínimas en el Caso Gao Ping
En este contexto, algunos analistas señalan que resulta significativo que un miembro del Partido Popular como Rafael Hernando haya dado visibilidad a determinadas hipótesis relacionadas con la BPA y sus derivaciones políticas.
Estas intervenciones han aparecido recogidas en medios de comunicación con líneas editoriales marcadamente críticas con los Cierco, hecho que alimenta el debate sobre el tratamiento mediático de este tipo de relatos y sobre cómo distintos actores políticos utilizan estos espacios para reforzar determinadas narrativas.
El acuerdo de conformidad alcanzado en el caso Emperador, conocido en su derivada andorrana como caso Gao Ping, ha reducido de manera significativa las penas inicialmente solicitadas por la Fiscalía, que se sitúan ahora en una media aproximada de un año y tres meses de prisión para la mayoría de los acusados, evitando además en numerosos casos el ingreso efectivo en prisión.
Este desenlace, después de más de quince años de instrucción y con más de un centenar de imputados, ha reabierto el debate sobre el alcance real de lo que en su momento fue presentado como un gran macrocaso de crimen organizado, especialmente porque una de sus derivadas fue utilizada como uno de los elementos que justificaron la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA).
La reducción de penas y la revisión de los hechos pactados introducen ahora dudas adicionales sobre la solidez de algunas de las bases que sustentaron aquel procedimiento, alimentando la tesis de que la magnitud inicial del caso podría haber sido sobredimensionada respecto al resultado judicial final.
