Mur asegura desde Andorra que no redactó los ‘protocolos de la vergüenza’ y señala a Peromingo
Según ha declarado, su papel se limitó exclusivamente a “coordinar, revisar, firmar y enviar”
Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha negado ante el juez ser el autor de los denominados ‘protocolos de la vergüenza’, según han confirmado a laSexta fuentes de la acusación presentes durante su declaración.
Mur sostiene que el verdadero autor de los protocolos sería su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, junto a una veintena de geriatras de enlace.
Declaración por videoconferencia desde Andorra
La comparecencia se ha realizado por videoconferencia desde Andorra ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Mur ha iniciado su intervención subrayando que todas las víctimas de la COVID-19 merecen respeto, y se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, que representa a los familiares de los fallecidos.
“Me limité a coordinarlos, revisarlos, firmarlos y enviarlos”
Según ha declarado el exalto cargo, su papel se limitó exclusivamente a “coordinar, revisar, firmar y enviar” los documentos a la viceconsejera de Sanidad, Ana Ávila.
De hecho, Mur ha insistido en que no fue el redactor de los protocolos y ha apuntado directamente a Peromingo como responsable principal del contenido.
Asimismo, ha explicado que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el objetivo de medicalizar las residencias de mayores, aunque ha reconocido que en el caso investigado ese objetivo no se logró.
Cuatro citaciones previas sin comparecer
La declaración de Mur se produce después de que no compareciera en las cuatro citaciones anteriores en las que fue llamado a declarar como investigado.
Durante la sesión judicial, se suspendieron las declaraciones de cuatro médicos debido a que las defensas no habían sido notificadas correctamente, mientras que la Fiscalía no formuló preguntas.
Los denominados ‘protocolos de la vergüenza’ denegaron el traslado hospitalario a residentes con discapacidad durante los peores momentos de la pandemia de 2020. Estos documentos establecían criterios de exclusión que desaconsejaban o directamente prohibían la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, demencia o un alto nivel de dependencia.
