El chalé del empresario Gao Ping a Madrid se pone a subasta

El empresario chino Gao Ping, presunto cerebro de una red mafiosa implicada en blanqueo de capitales y fraude fiscal en España, vuelve a estar en el centro de la polémica. Su chalé de lujo, valorado en más de tres millones de euros y ubicado en la exclusiva urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, será subastado tras el impago de la hipoteca.

La sociedad Nuevo City Gran Oriental, administrada por Gao Ping, enfrenta un proceso de ejecución hipotecaria después de que un fondo buitre le reclamara cerca de 1,8 millones de euros por la deuda pendiente.

Fuentes judiciales consultadas por El Confidencial señalan que esta es la segunda vez que la vivienda de Gao Ping se pone en riesgo de subasta, tras varios problemas financieros del empresario en los últimos años vinculados a su entramado empresarial en España.

El chalé, situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid, no solo simboliza la opulencia de Gao Ping, sino también los problemas legales que arrastra desde su implicación en la Operación Emperador, que investigó su supuesta red de fraude y lavado de dinero.

La subasta de inmuebles de alto valor se ha convertido en una herramienta habitual para los bancos y fondos de inversión para recuperar deudas millonarias, y en este caso el procedimiento apunta a saldar la hipoteca impagada por la sociedad del empresario.

Relación con Andorra

El pasado julio, Joan Pau Miquel, quien había sido consejero delegado de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), fue condenado a siete años de prisión por un delito de blanqueo de capitales relacionado con un único cliente durante su mandato al frente de la entidad. 

El Tribunal de Corts de Andorra determinó que la BPA había participado en una trama organizada que permitió blanquear 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011, en la primera sentencia penal del caso desde la acusación del FinCEN de Estados Unidos en 2015.

Además de la pena de prisión, la sentencia impuso a Miquel una multa de 30 millones de euros y 10 años de inhabilitación para trabajar en el sector bancario, aunque la fiscalía había solicitado inicialmente una pena más alta y multas más elevadas.

El tribunal no aceptó el argumento de la defensa, que defendía la supuesta robustez del sistema de prevención de blanqueo de la BPA. En total, 18 de los 24 acusados fueron condenados a penas que oscilaron entre tres años y medio y siete años de prisión, mientras que seis fueron absueltos.